Andrey Garcés / @Androide3_0
Morelia, Michoacán.- Pese a que los grupos de autodefensa no constituyen una figura de autoridad, toda vez que la regulación de estos no se encuentra concluida, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), enlistó una serie de violaciones en las que han incurrido los guardias civiles en un informe sobre la situación que priva en la región Tierra Caliente.
José María Cázares Solórzano, presidente y Germán Rodrigo Martínez Ramos y coordinador del centro de estudios y divulgación de la Comisión Estatal, dio cuenta de reclutamiento de menores, cobro de cuotas voluntarias y allanamientos, como algunas de las violaciones en las que presuntamente han incurrido los autodefensas.
Aunque precisaron que normativamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos no puede intervenir debido a la ambigüedad legal con que operan, luego de que este organismo sólo atiende quejas contras autoridades, las autoridades de este órgano autónomo subrayaron que las violaciones de los autodefensas son resultado de su falta de regulación y capacitación.
No obstante, en su Informe Especial de “Derechos Humanos en Áreas de Conflicto en el Estado de Michoacán”, el organismo omitió mencionar las quejas en contra de las Fuerzas Federales, que desde el pasado 13 de enero incursionaron en la región para restablecer la estrategia de seguridad, contexto en el que resultaron dos personas muertas a manos del elementos del Ejército Mexicano.
En su postura la Comisión, tampoco abordó la cantidad de recomendaciones que ha emitido ante la omisión de las autoridades estatales, respecto a garantizar las condiciones de seguridad y desarrollo para la población y tampoco a qué sanción se hace acreedor el titular del Ejecutivo, por desoír todos los exhortos de este organismo.
No obstante, Germán Rodrigo Martínez, señaló que habitantes de los municipios de Yurécuaro y Tanhuato, han recibido solicitudes insistentes de que se les apoye a los grupos de autodefensa, “no con dinero ni en especie”, sino con hombres que enfilen en las guardias comunitarias lo que constituye dijo, un acto de leva.
En algunos casos, dijo Martínez Ramos, de acuerdo a los informes obtenidos en las localidades con presencia de autodefensas, algunos de los jóvenes reclutados por los civiles armados, no cuentan con la mayoría de edad.
Por su parte, el presidente de la CEDH, refirió que además de los señalamientos de leva, pobladores afirman que las autodefensas realizan cobro de cuotas voluntarias, allanamientos y señalamientos hacia otras personas sin tener pruebas necesarias.
Por ultimo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno estatal y federal para que garanticen la aplicación del estado de derecho en las regiones de conflicto de Michoacán.
En cuanto a la confianza en las instituciones de seguridad, el informe advierte que la situación de violencia e inseguridad pública “en buena parte del territorio de Michoacán ha llegado a un punto de quiebre, al menos, en la relación de los cuerpos de seguridad con la ciudadanía”.
“El monopolio de la fuerza en el Estado se ha doblegado en varios puntos de la geografía michoacana ante la fuerza o amenaza de los grupos criminales, generando vacíos de poder que son llenados por grupos de autodefensa, mismos que hasta el momento han sido reacios a someterse a criterios de legalidad en tránsito hacia el retorno de la responsabilidad de brindar seguridad pública por parte de la autoridad legalmente constituida”, asegura.
Propuestas CEDH para atención a zonas de conflicto
1. Al Poder Legislativo
– Participar activamente en la construcción de consensos para el fortalecimiento de la gobernabilidad, especialmente en lo que ve a los ayuntamientos afectados en su integración.
– Continuar los esfuerzos de armonización, adecuación y renovación del marco jurídico estatal especialmente en lo relativo a la procuración de justicia, priorizando en ello los principios de autonomía, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
2. Al Poder Ejecutivo
– Garantizar la prestación de los servicios públicos.
– Brindar apoyo administrativo necesario para que las dependencias estén en condiciones de cumplir con sus responsabilidades, especialmente la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Salud.
– Realizar las labores de gestión necesarias ante la federación a fin de contar con mayores recursos.
– Generar canales de comunicación efectiva entre las diferentes dependencias y los organismos de la sociedad civil.
– Revisar los mecanismos de colaboración con los grupos de autodefensa.
– En los municipios cuyos ayuntamientos han visto afectada su integración ordinaria, realizar el acercamiento y diálogo para lograr la reintegración constitucional.
– Profesionalización y depuración de los servidores púbicos encargados de la procuración de justicia.
3. A los ayuntamientos
– Velar por la institucionalidad y el respecto a su autoridad constitucional.
