Carlos Bauer / @carlosbauer3_0
(14 de marzo, 2014).- El camino hacia la Expropiación Petrolera decretada el 18 de marzo de 1938 comenzó con un conflicto laboral. Los miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) exigían a las compañías petroleras un aumento salarial y mejoras en sus condiciones laborales, que las compañías se negaban tajantemente a conceder argumentando que no contaban con el dinero.
El caso fue llevado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que designó una comisión para analizar las condiciones económicas de las empresas petroleras, siendo las más grandes la Huasteca Petroleum Company, filial de la estadounidense Standard Oil Company, y la Compañía de Petróleo el Águila, filial de la angloholandesa Royal Dutch Shell.
La comisión determinó que de los 90 millones de pesos que reclamaba el sindicato, las compañías tenían capacidad de pagar 26 millones sin afectar sus operaciones ni su rentabilidad. Pero las empresas se inconformaron y acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ratificó el fallo de la JFCA y les dio de plazo hasta el 7 de marzo para cumplir la sentencia.
Pero llegó el 7 de marzo y las empresas no sólo no cumplieron el fallo de la Suprema Corte, sino que se declararon abiertamente en rebeldía contra la máxima autoridad judicial del país. Los días fueron pasando, hasta que el lunes 14 de marzo el gobierno les dio un plazo de 24 horas. Intransigentes, las compañías petroleras enviaron una carta a la Suprema Corte el martes 15 de marzo, asegurando que el acatamiento de la ley sería su ruina financiera.
En “Cárdenas y la lucha por la independencia económica de México”, Albert Michels relata que un ejecutivo de El Águila dijo “nuestro negocio es sacar el petróleo de México; no somos una institución de caridad” y afirmó “no podemos pagar y no pagaremos”.
El miércoles 16 de marzo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró que las compañías petroleras se encontraban en rebeldía. El mismo día, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana solicitó a la Junta dar por terminado el Contrato de trabajo con las empresas y exigir el pago de la debida indemnización a cada trabajador.
Jesús Silva Herzog, quien fue parte de la comisión designada por la JFCA para evaluar las condiciones económicas de las compañías petroleras, cuenta un incidente que se dio en una junta entre Lázaro Cárdenas y los abogados de las empresas que aparentemente tuvo lugar entre el miércoles 16 y el jueves 17 de marzo:
«Alguno de los representantes preguntó al general Cárdenas: “¿Y quién nos garantiza que el acuerdo será solamente de 26 millones?” El general Cárdenas contestó: “Yo lo garantizo”. “¿Usted?” “Sí, lo garantiza el presidente de la República”. El que preguntó no pudo contener una leve sonrisa. El presidente Cárdenas se puso de pie y les dijo: “Señores, hemos terminado”».
Como explica Albert Michels, las compañías petroleras “habían ido demasiado lejos: primero rehusaron obedecer a las leyes de México y ahora no creían en la palabra de su presidente. Éste […] tuvo que actuar, ya no sólo en defensa de los trabajadores petroleros, sino para salvar su propio honor y la dignidad nacional de México”.
Ante la ruptura de las negociaciones y dado que el desacato de las empresas activaba procedimientos previstos en la Ley Federal del Trabajo, la JFCA canceló los contratos que habían regido las relaciones entre trabajadores y empresas. En cumplimiento de esas disposiciones, el viernes 18 de marzo de 1938 el Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana suspendió labores en todas las empresas.
A las 10 de la noche de ese viernes, el general Lázaro Cárdenas del Río pronunció el histórico discurso que cambió el rumbo del país por las siguientes décadas. Transmitido por todas las cadenas de radio del país, el mensaje de Cárdenas explicaba las razones por las que la decisión no podría aplazarse:
“Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más Alto Tribunal Judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia.
“Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país la que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aun de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo.
“Es la misma soberanía de la nación, que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen autoridades del propio país”.
