El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), se manifestaron a favor de despenalizar el aborto en Michoacán, esto a través de un documento turnado al Congreso del Estado, en el que aportan elementos para enriquecer la iniciativa presentada por Morena en la materia.
El documento dirigido al presidente del Congreso, Octavio Ocampo Esquivel, así como al resto de los integrantes de la Mesa Directiva, está signado por Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de ONU-DH, Arie Hoekman de UNFPA, y Belén Sánz de ONU-Mujeres.
Mencionan tener conocimiento de la iniciativa presentada por los diputados Osiel Equihua Equihua y Antonio Madriz Estrada para reformar el Código Penal, la Ley de Salud y la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, para despenalizar el aborto en Michoacán durante las primeras 14 semanas de embarazo.
Los organismos internacionales reconocen en su misiva “reconocen los avances en la garantía de los derechos humanos, especialmente de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, contenidos en la mencionada Iniciativa. En particular, vemos especialmente relevante, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, que se haya establecido la obligatoriedad de que la política pública de salud incluyera servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, asequibles y de calidad, entre ellos la interrupción del embarazo y la planificación familiar para mujeres y niñas, así como la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación”.
Para reforzar la iniciativa de Equihua y Madriz, recomiendan incorporar la garantía de acceso al aborto legal para casos que pongan en peligro la vida de la mujer embarazada, en concordancia con las recomendaciones número 132.175, para garantizar la igualdad de acceso al aborto legal, al menos en los casos de peligro para la vida o la salud, a todas las mujeres en todos los estados mexicanos; así como la 132.178, para armonizar la legislación federal y de los estados para despenalizar el aborto y garantizar el acceso al aborto legal y sin riesgo al menos en los casos de violación, incesto o peligro para la vida o la salud de la niña, formuladas y aceptadas por Estado Mexicano en el marco del Examen Periódico Universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos en 2018
Asimismo recuerdan que el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado Mexicano que “revise y armonice las legislaciones federal y estatal con miras a la despenalización del aborto y garantice el acceso al aborto legal, por lo menos en los casos de violación, incesto y aquellos que pongan en peligro la vida y la salud de la niña (…)”.
Sumado a lo anterior citan la recomendación general número 24, denominada “La mujer y la salud” del Comité de la CEDAW al Estado Mexicano para que “se asegure de que en todos los estados las mujeres que tengan motivos legales que justifiquen la interrupción de un embarazo tengan acceso a servicios médicos seguros, y vele por la debida aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, en particular el acceso de las mujeres que han sido violadas a anticonceptivos de emergencia, al aborto y a tratamiento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA”.
También enlistan cuatro observaciones de la CEDAW a nuestro país al que se le pide “ponga mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto”; “armonice las leyes federales y estatales pertinentes con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, e informe y capacite adecuadamente al personal médico para que pueda ofrecer atención especializada a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sexual, lo que comprende la prestación de servicios esenciales de anticoncepción de emergencia y aborto”; y elabore los protocolos necesarios para poner en práctica las modificaciones de la Ley General de Salud, que permiten la objeción de conciencia mientras no ponga en peligro la vida de la madre y no impida que las mujeres y las niñas accedan al aborto legal, y vele por que, en esos casos, las mujeres y las niñas sean derivadas a un profesional adecuado”.
En la misiva dirigida al Congreso, los organismos alientan a considerar la creación de un Programa de Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo que permita operativizar lo más claramente posible las consideraciones administrativas tanto de la NOM-046- SSA2-2005 como de las disposiciones que se incluyen en la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, incluyendo los protocolos de actuación de las instituciones públicas involucradas así como la etiqueta de recursos presupuestales necesarios, de tal forma que facilite el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres, adolescentes mujeres y niñas que los requieran.
“Adicionalmente, a partir de la información especializada generada por la Organización Mundial de la Salud y partiendo de la perspectiva de derechos humanos y de género en la atención de casos de interrupción del embarazo, se alienta respetuosamente a privilegiar el acceso al aborto con medicamentos, incluida la capacitación al personal de salud en su prescripción y en la aspiración manual endouterina (AMEU); la referencia para atención psicológica después de una intervención (si la mujer así lo solicita); y la consejería y la oferta de anticoncepción posterior al evento, entre otros”
UNFPA, ONU DH y ONU-Mujeres reiteran “su plena disponibilidad para seguir brindando la asesoría y cooperación técnicas que precise el H. Congreso del Estado de Michoacán y sus Comisiones, dentro del más amplio respeto a los procedimientos parlamentarios y en los términos que más convenga al H. Congreso”.
