Luis Gabino Alzati
El trimestre en la Universidad Autónoma de México ya no se podrá salvar. Más de 80 días de huelga afectaron años de trabajo y procesos educativos, de formación e investigación, convenios interinstitucionales y, principalmente, la formación de miles de estudiantes que ni con reposición de clases podrán recuperar lo que perdieron.
¿Por qué la insistencia en mantener paralizada a la institución cuando no hay condiciones para que la huelga continúe?
Sin menoscabar el derecho a huelga de los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) que aglutina a empleados administrativos de base y profesores debe prevalecer el derecho a la educación de los miles de estudiantes de esta casa de estudios y ésta puede ser reabierta con personal emergente.
La huelga implica la suspensión de actividades por parte de los trabajadores demandantes, no obstante, no implica el cierre de los planteles, por lo que pueden protestar y manifestarse libremente para continuar con la exigencia de aumento salarial y mejora en sus prestaciones sin que afecten el derecho a la educación consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ponderar el derecho a la educación sobre el derecho de huelga
De hecho, hay un antecedente jurídico al cual los estudiantes afectados pueden recurrir para reabrir sus escuelas y recibir clases. Igualmente los investigadores cuyos trabajos se han visto mermados por el paro.
En 2013, alrededor de mil estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recurrieron al constitucionalista Miguel Carbonell para presentar un amparo contra la huelga del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM); dicho recurso fue admitido por el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Morelia, en una acción inédita para una Universidad que defiende la coexistencia de ambos derechos, el de huelga y el de educación, sin prejuzgar la legitimidad del paro.
Para sustentar lo anterior retomaré los argumentos de la suspensión provisional del acto reclamado (el estallamiento a huelga) considerados por la Juez del cuarto distrito con sede en Morelia, Michoacán, Marta Elena Barrios Solís, para ponderar que tanto el derecho a huelga como el derecho a la educación son derechos humanos, sin embargo, el primero se encuentra limitado por el ejercicio del segundo.
“Esta determinación no prejuzga sobre la licitud de la huelga a que emplazó el sindicato tercero interesado, no desconoce los derechos de los trabajadores a obtener la suspensión de labores, la cual podrá llevarse a cabo con la única limitante de no afectar el derecho humano que tiene el estudiante quejoso, de recibir la educación que el Estado se encuentra obligado a prestarle por autonomasia del artículo 138, de la Constitución Política del Estado de Michoacán”.
Con base en lo anterior y en caso de que estalle la huelga, se obliga a la autoridad laboral, en este caso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para que determine qué instalaciones deberán permanecer abiertas para que los estudiantes continúen recibiendo la educación superior, o en su defecto, para que precise el lugar en que alternamente ello podrá realizarse.
Asimismo, qué personal deberá seguir laborando para lograr lo anterior, o en su caso, autorizar la contratación de personal emergente. Finalmente, establecer las medidas de apremio para lograr la consecución de tales medidas.
En resumen. La huelga no afecta tanto a la autoridad universitaria como a sus estudiantes. Y en caso de que las instalaciones no puedan ser reabiertas, los afectados pueden recibir clases en otros espacios que la autoridad responsable determine y evitar así la pérdida de más clases y del ciclo escolar, de acuerdo con los antecedentes expuestos.
Afectaciones
La pregunta central es ¿para qué existe una universidad? Las instituciones de educación superior tienen tres actividades sustantivas: docencia, actividad científica, así como difusión y extensión cultural. Todo enfocado al desarrollo formativo de sus estudiantes y al servicio de la sociedad. Cuando estalla una huelga, los primeros y principales afectados son los estudiantes, pero no son los únicos. Hay un ecosistema académico que resiente la parálisis y su impacto en muchas ocasiones es desastroso, por ejemplo, cuando se rompen procesos en investigaciones o cuando se corta la posibilidad de que sus estudiantes realicen trámites necesarios para continuar su vida académica o laboral, como ha sucedido en la UAM al impedir que una de sus estudiantes colabore en la NASA porque no pudo obtener un documento oficial de la universidad debido al paro.
También están en riesgo investigaciones en el campo de la ecotoxicología, así como 86 proyectos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la unidad Iztapalapa; los programas de reproducción en cautiverio del ajolote; el de Educación Ambiental; el de Manejo integral del Agua y se canceló la participación de las UASM en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería afectando directamente más de 196 presentaciones de esta casa de estudios, entre otros trabajos de investigación que pueden perderse por la parálisis en la universidad.
Además, se dejó de prestar servicios en las cuatro clínicas estomatológiocas que pertenecen a la unidad Xochimilco que atiende semanalmente a mil 500 personas y no se ha realizado el proceso de ingreso para el ciclo escolar 2019-2020.
Patrón de lujo
La UAM ofrece a sus trabajadores de base prestaciones que representan casi el 70 por ciento adicional al salario tabulado, entre dichos beneficios destacan los siguientes: Aguinaldo (40 días de salario integrado); prima vacacional (56% del salario); reconocimiento por la antigüedad; superación al trabajo universitario; vale de despensa anual; vale de despensa mensual; vale de libros; apoyo alimentario; ayuda integral a la familia; ajuste de calendario; días de descanso obligatorio; aparatos ortopédicos; lentes y un seguro de gastos médicos mayores; seguro de vida y seguro colectivo capitalizable para los trabajadores y sus beneficiarios.
Es importante repensar que si bien los empleados y profesores tienen derecho a obtener mejoras salariales y prestaciones de ley que les permitan acceder a una vida digna, no debe ser atropellando el derecho de los estudiantes, a quienes se debe la existencia de una universidad, de estudiar para tener justamente oportunidades de desarrollo para vivir plena y dignamente. ¡Vaya ironía! El problema radica en que se antepone un derecho a otro pero en una condición de desigualdad en la que los estudiantes siempre pierden.
A menos, claro, que busquen proteger su derecho a la educación a través de la ley.
Recientemente también ha trascendido que más del 90 por ciento de los profesores están a favor de terminar la huelga y regresar a clases, lo que ha tensado aún más el conflicto ya que la dirigencia sindical y la autoridad no ceden en sus demandas y propuestas.
Pero mientras unos y otros se ponen de acuerdo, existe la posibilidad de que los estudiantes busquen alternativas para regresar a las aulas a la brevedad. Esta es la única prioridad, la verdadera urgencia.
