A la búsqueda de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al Tribunal Interamericano del Agua y otros foros fuera de México, irá el caso de la defensa de la Loma de Santa María y contra el Ramal Camelinas, anunció Moctezuma Madrigal, vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), quien consideró que en Michoacán y en el país no existen leyes para escuchar al ciudadano y que defiendan la integridad física de defensores de derechos humanos.
En una entrevista previa a la presentación del informe “Falsas Sospechas. Detenciones Arbitrarias por la Policía en México” por Amnistía Internacional (AI) en la capital estatal, Madrigal señaló que dos de los integrantes del MCDL, golpeados y detenidos el pasado 10 de octubre por elementos de la Policía estatal, ahora están impedidos de hacer declaraciones y de moverse hacia ciertos lugares, como parte del proceso que se sigue en la averiguación de los hechos ocurridos en tal fecha, cuando un grupo de colonos fue agredido en un operativo policial que concluyó con la detención de dos activistas, Carlos Armando Olivares Valencia y Hugo Salas, de quienes se negó estuvieran detenidos y sometidos a tortura física y psicológica.
“A nosotros nos queda mucha batalla jurídica”. Parte de esta estrategia de defensa jurídica para los vecinos de la Colonia Ocolusen, y los integrantes del Movimiento, llevarán un acompañamiento de AI con la intención de preparar una denuncia ante la CIDH “por la detención arbitraria y tortura de nuestros compañeros que en el caso de derechos humanos representa el Ramal Camelinas”.
En el caso de uno de los activistas detenidos, dijo que “están impedidos de hacer declaraciones, no se pueden ni parar en la calle Baltazar Echave (donde ocurrieron los hechos el 10 de octubre), no puede participar en ninguna manifestación de ningún tipo, entonces es un asunto gravísimo, porque lo que está pasando y vamos a denunciar hoy, es que las detenciones arbitrarias se están usando como modo político para inhibir a los movimientos sociales”.
El llamado que harán acompañados de AI, dijo, “es a que retornen a la legalidad. A que presenten todos los permisos de esta obra, que respeten los derechos humanos, el derecho al agua, el del medio ambiente sano y que a partir de eso entablemos un diálogo. Lo verdadero es que la obra ha afectado tanto las viviendas como la vida de los habitantes de Ocolusen, entonces vamos a hacer un llamado a que se retorne al estado de Derecho y podamos avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos”.
Con AI, dijo, “vamos a explorar algún acompañamiento en materia jurídica, de acercamiento a instancias internacionales, que nos ayuden a sistematizar las violaciones de que hemos sido objeto, no solo lo del 10 de octubre, en mi caso he recibido amenazas de muerte todos estos cuatro años que he sido vocero del movimiento, he sufrido incluso intentos de vincularme con el crimen organizado, es decir, ha habido una serie de amenazas directas contra nosotros, que vulneran nuestra actividad, que es la defensa de los derechos humanos en Morelia”.
A la pregunta de si considera peligroso el que se criminalice la lucha social como la del MCDL, Madrigal señaló que si no han sido hechos a un lado, es por la cobertura mediática que les ha dado seguimiento, “si no estamos seguros que ya no estaríamos aquí”.