Las autoridades de al menos 12 municipios del Estado se han acercado al Congreso para platicar de su interés para contratar empréstitos, confirmó Araceli Saucedo Reyes, coordinadora parlamentaria del PRD en la Cámara local.
En tanto el dirigente estatal perredista, Antonio Soto Sánchez consideró se debe revisar la suspensión hecha por el Gobierno del Estado, de los servicios de la calificadora HR Ratings para la Línea Global de Crédito Municipal del Estado, lo que afecta las posibilidades crediticias de los municipios en condiciones que les sean favorables.
A su vez Eduardo Orihuela Estefan, coordinador parlamentario del PRI, consideró que Michoacán debe entrar en una etapa donde más que pensar en si podemos o no endeudarnos, se requiere diseñar cuál es el escenario para mejorar financieramente al estado.
De acuerdo con Araceli Saucedo Reyes el de la suspensión de las calificadoras es un tema que deberá analizarse, “no nos hemos pronunciado nosotros hasta el día de hoy con respecto a este asunto, por supuesto que los municipios hoy se encuentran en una situación crítica en cuanto a los recursos que reciben, y están explorando cómo contratar y hacerse llegar de mayores recursos”.
Refirió que hasta el momento al menos 12 municipios se han acercado a los diputados para plantearles algunos esquemas de financiamiento, “pero hasta el momento no nos hemos reunido para tomar una decisión al respecto y ver cómo podemos ayudar”.
Antonio Soto apuntó que la suspensión de las calificadoras se debe revisar, “porque al no tener una calificación ni buena ni mala, no hay calificación, entonces no pueden acceder a una serie de beneficios que se tenían con anterioridad, esto debilita aún más a los municipios.
“Eso se tiene que revisar, porque desde mi punto de vista los dejas en una situación de indefensión, en el limbo, ¿están bien?, ¿están mal?, no hay una calificación de alguien autorizado para que te la dé; quizá fue para ahorrarse el costo de la calificadora, pero ese ahorro impacta a los municipios y hay que revisarlo.
“Ya estamos viendo con el anuncio del gobernador de hace unos días, con los recortes a 23 programas, el debilitamiento de los gobiernos estatales en beneficio de un centralismo que está queriendo ejercer todo el control presupuestal del país”.
Eduardo Orihuela apunta a su vez que las calificadoras son un mecanismo que lo que da es certeza a alguien, “hoy Michoacán vive un escenario crítico en sus finanzas públicas y lo que hay en general es desconfianza en la posibilidad de pago tanto de los estados como de los municipios.
“Vemos un endeudamiento excedido tanto del Estado, que dificulta su capacidad de pago cuando se contrate cualquier instrumento financiero, sin duda alguna las calificadoras lo que hacen es generar un perfil de cómo está financieramente cualquier entidad, municipio, estado”.
Consideró que Michoacán debe entrar en una etapa donde más que pensar en si se puede o no endeudar, lo que se tiene que diseñar es cuál es el escenario para mejorar financieramente.
“Las calificadoras como tal se pueden contratar en el momento en que se venga la solicitud de un empréstito, eso no es mayor problema, son instrumentos y herramientas; creo que hoy lo relevante es que en el Congreso debemos construir en conjunto con el gobierno del estado, instrumentos precisos que nos ayuden a dar certeza, primero a todos quienes le han dado crédito al Gobierno del Estado, segundo, necesitamos un modelo que nos ayude a tener claridad en cómo vamos a ir instrumentando una política que mejore la estructura del gasto.
“La calificación tiene que ver en gran medida con la estructura del gasto, es decir, si tú tienes un gasto corriente mucho mayor que tus propios ingresos, tus calificaciones siempre van a ser mala, entonces necesitamos meternos al fondo del asunto y necesitamos asumir con responsabilidad en el Congreso que hoy Michoacán requiere soluciones y que éstas están en apretarnos el cinturón, recorte del gasto corriente”.
