(19 de septiembre, 2014).- Enrique Peña Nieto eligió como iniciativa preferente la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Con ella se busca sancionar a quienes den a conocer casos que involucren a menores de edad.
De esta forma, historias tan perturbadoras como la de Melody, quien desapareció mientras vacacionaba con sus padres, podrían quedar silenciadas, pues la ambigüedad legal de la propuesta del Ejecutivo, señalan especialistas, da pie a la censura y autocensura de los medios de comunicación.
Presentada ante el Senado, la iniciativa tiene como límite el 30 de septiembre para ser enviada a la Cámara de Diputados. En el texto se proponen multas de más de 9 millones de pesos en caso de que los medios de comunicación manejen información con datos explícitos de menores de edad, pues eso viola la intimidad de menor.
Además, en el capítulo XV, artículo 87, se establece que “se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión, así como medios impresos, sin que obre autorización por escrito de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, o que aun existiendo dicho consentimiento, pueda implicar menoscabo de su honra o reputación”.
Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos por la Infancia en México (REDIM), considera “preocupante” la propuesta de Peña Nnieto, porque podría desembocar en que la infancia desaparezca del panorama nacional como tema público.
“Nos preocupa especialmente en el caso de los niños víctimas, porque esto podría significar que queden fuera de los medios de comunicación. Pensemos en los casos de niños que estaban en el albergue de Mamá Rosa, en Michoacán, y que la tutora de esos niños era precisamente la victimaria; y, por supuesto, los medios no recibirían la autorización para poder tomar este caso”, sostuvo el activista.
Las penas contempladas para los editores o reporteros que publiquen sin autorización previa una historia oscilan entre dos a cuatro años de prisión y de 15 mil (más de un millón de pesos) a 40 mil días (más de 2.6 millones de pesos) de salario mínimo de multa. Para el directivo del medio la sanción sería del doble.
Para Edgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, ésta es una iniciativa que podría pasar fácilmente de un mecanismo de protección a la niñez a uno de censura de los medios de comunicación.
