Alfonso Martínez Alcázar está incurriendo en actos de corrupción al permitir fraccionar parte del polígono de la Loma de Santa Maria, desde hace un año realizó trámites administrativos parta permitir a un particular la notificación y posrerior construcción de viviendas dentro del polígono, en colindancia con la nueva carretera que se construye.
Son un total de 76 hectáreas donde se está promoviendo el cambio de uso de suelo, esto se dió a conocer durante una sesión de cabildo, minutos después de que el alcalde hubiera solicitado licencia para ausentarse de responsabilidades a partir del 14 de mayo, pero miembros de la comuna capitalina ventilaron este acto de corrupción que ocurre sobre la reserva natural protegida.
Alfonso Martínez Alcázar está violentando el Artículo 332 del Código de Desarrollo Urbano, que establece que ninguna autoridad puede realizar actos administrativos que deriven en un cambio de uso de suelo si se trata de una área arbolada, con destino de interés común o con seguros ecológicos, y en esta es una área de protección ambiental desde 1983.
Durante la sesión de cabildo, el presidente municipal lo negó todo, con respaldo del Secretario alegaron que ellos no entregaron esos permisos, pero ya hay denuncias ante la Procuraduría de Protección al Ambiente (ProAm) donde se evidencia que los trámites iniciaron desde hace un año.
En la misma sesión de cabildo parte de los regidores aseguraron que funcionarios del Ayuntamiento están actuando de forma corrupta porque este es uno de los actos más dolosos de la administración municipal, de impacto social adverso, incluso ya sancionado por la PoAm.
Aunque el Secretario del Ayuntamiento, Jesús Ávalos Plata, negó que existiera un proyecto de subdivisiones con los terrenos, también se hizo público que ya tienen una tarifa especial por pago de predial, que ronda los 800 pesos anuales.
Incluso la actuación de la Procuraduría Ambiental se originó porque los ciudadanos y vecinos de esa área interpusieron denuncias contra el gobierno municipal.
Momentos más tarde, en la sala de cabildo se dió a conocer que el mismo Consejo de la Ciudad exigió al propio Ayuntamiento que promueva un juicio de lesividad, en contra del mismo Ayuntamiento, que se haga una revisión y que se inicie un procedimiento de responsabilidades contra funcionarios involucrados en este acto.
