César Vázquez / @LetraMia
Morelia, Michoacán.-En sesión, el Congreso de Michoacán aprobó en lo general la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores del estado y sus municipios, jurisdicción que permitirá llevar a juicio político al gobernador, legisladores, presidentes municipales e incluso jefes de área y de departamento, que incurran en ilegalidades.
De acuerdo a lo establecido, esta ley tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, transparencia, lealtad, institucionalidad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público.
Para poder realizarles un juicio político, los servidores públicos estarán obligados a presentar su registro patrimonial previo y posterior a sus cargos.
Esta ley fija además que los servidores públicos están obligados a abstenerse de recibir u otorgar ingresos por conceptos de bonos, sobre sueldos, compensaciones, estímulos, gratificaciones, comisiones, viáticos o cualquier otra prestación numeraria o en especie asociada al sistema de remuneraciones y prestaciones.
El alcance de esta ley también incluye al Auditor Superior, magistrados, consejeros del Poder Judicial, jueces de Primera Instancia, jueces Menores, así como titulares de dependencias centralizadas, entidades paraestatales de la administración pública, e incluso organismos autónomos.
Estos juicios políticos sólo podrán realizarse durante el periodo del cargo público y un año posterior a haber terminado su responsabilidad. Para su efecto, cualquier ciudadano podrá denunciar un acto de corrupción presentando prueba ante Mesa Directiva del Congreso.
