Rodrigo Caballero/ @RodCaballero
Aquila, Michoacán.-Era 5 de mayo –aniversario de la Batalla de Puebla- y los comuneros de Aquila lanzaban el primero de varios avisos a los manifestantes de la localidad. “Los vamos a quitar” señalaban los voceros del movimiento.
El 15 de abril unas 120 personas bloquearon el único acceso a la mina de hierro, se habían instalado en la primera curva que hay a la salida de la cabecera municipal de Aquila que lleva a la costa michoacana.
Es un entronque rodeado de vegetación y con un relieve que les permitía instalar vigilantes en la parte alta para observar perfectamente la carretera.
Los manifestantes eran cautelosos al hablar con la prensa, dicen que ésta miente, que una vez engañaron al decir que sólo eran cinco personas en el bloqueo. No hablaban de manera oficial ni permitían que se les tomara fotos; “mejor espérense a que haya más gente” decían.
Un mes más tarde, otras 30 personas tomaron el auditorio comunal y el poblado se llenó de camionetas negras con gente armada que ni comuneros ni manifestantes decían conocer.
Los vehículos tipo suburban y silverado paseaban impunemente sin que los Policías Federales –quienes tienen un puesto de control en Aquila- hicieran algo por detenerlos. No obstante, la situación se complicaría aún más… era temporada electorera.
Aquila sitiada
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aseguró que en las comunidades de La Huahua, El Atracón y Barranca de López del municipio de Aquila, fueron incendiadas seis casillas aunque no se han aportado pruebas al respecto.
Tras el supuesto incendio de las urnas, el ambiente se tensó y casi 300 personas sitiaron la cabecera municipal para evitar que se cometiera un fraude.
Manuel Ramírez Magallón, antiguo vocero del movimiento de las autodefensas en Aquila, confirmó a Michoacán TresPuntoCero que entre ellos se encontraban policías comunitarios de lugares como Ostula, Maruata y Pomaro; todos a la expectativa de cualquier indicio de fraude.
Se trataba de dos facciones, la del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que se habían instalado a las afueras del comité electoral aquilense desde la supuesta destrucción de las casillas.
Los manifestantes apoyaban a Mohamed Ramírez, candidato del PVEM, y los comuneros a José Luis Arteaga mejor conocido como ‘Joss’ del PRD. Mohamed es señalado por los miembros de las autodefensas como sobrino de Juan Hernández Ramírez, el alcalde de Aquila detenido el 31 de mayo de 2015 por vínculos con el cártel de los Caballeros Templarios.
En el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) la alianza perredista resultó ganadora con una ventaja de casi 10 puntos sobre el candidato del Partido Verde pero el cómputo oficial no se pudo realizar ahí.
Ante el estado de sitio, Ramón Hernández Reyes, presidente del IEM, consideró “imposible” sacar cualquier material de la zona, no solamente de Aquila sino también de Coahuayana ya que los vehículos tenían que pasar por esa cabecera municipal.
Por lo tanto, el cómputo se realizó únicamente con las actas que tenía el IEM en su poder y los partidos tuvieron que rascarse con sus propias uñas a fin de conseguir copias certificadas de las que fueron incendiadas.
Al final, el conteo se hizo el 10 de junio de las 10 de la noche a la 1 de la mañana en las instalaciones del instituto con dos actas faltantes y varias irregularidades.
Por un lado, era imposible saber si las copias certificadas correspondían a la realidad puesto que no existen boletas que las sustenten, esto a pesar de ir firmadas por un notario público. Por el otro, en una de las actas no se alcanzaba a leer el número de votos de los candidatos no registrados y el consejo “cuadró” los números simplemente restando lo que sobraba.
El resultado del cómputo confirmó la victoria de ‘Joss’ y los comuneros celebraron el triunfo como el resultado de la “voluntad del pueblo”; pero las cosas no se quedarían así.
El desalojo
Muy pocos se enteraron del ultimátum del 11 de junio, se trató de una carta dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que exigía acción penal contra los manifestantes como último recurso para detener el desalojo.
Al igual que las decenas de cartas anteriores, el Gobierno del Estado de Michoacán ignoró el ultimátum y los comunitarios iniciaron el desalojo la mañana del 15 de junio, el operativo –supervisado desde lejos por militares y federales- desató una serie de encontronazos entre manifestantes y comuneros que terminó con decenas de heridos y un par de camionetas destruidas.
Los manifestantes lo llamaron un ataque patrocinado por Ternium –la empresa minera de la localidad- y los comuneros una señal de hartazgo. Esta compañía paga regalías a la comunidad por cada tonelada de mineral de hierro que extrae y tenían tres meses sin recibir ese dinero por parte de la trasnacional.
En su página oficial, la empresa promociona la mina al aire libre de Aquila como una de las mejores de México. Así mismo, apunta que “las operaciones mineras de Ternium asumen un rol activo y responsable con las comunidades donde operan”.
“Se han definido iniciativas de apoyo y promoción de la educación, salud, cultura y autoempleo que benefician a un gran número de personas originarias de las localidades donde Ternium realiza sus actividades” reza en su sección digital: Las minas y su gente.
Michoacán TresPuntoCero buscó en varias ocasiones al responsable de prensa de la minera, Roberto Riva Palacio, para que comentara la postura de Ternium respecto a esta problemática pero no ha sido posible localizarlo.
Desde el inicio de éste reportaje se ha llamado al número Nextel de la sala de prensa en ocho ocasiones y, aunque el teléfono funciona, nadie contesta la llamada. También se envió un correo electrónico a Riva Palacio -el 4 de mayo de 2015- que hasta el momento no ha tenido respuesta.
Los “otros” comuneros
Tras el desalojo, los manifestantes se movilizaron a la capital del Estado, ahí bloquearon la sede del Registro Agrario Nacional (RAN) para exigir que 340 personas sean integradas como comuneros en San Miguel Aquila.
Sin embargo, tan pronto llegaron a la capital, siete de sus integrantes fueron detenidos por elementos de la PGJE por ser los autores intelectuales del bloqueo en Aquila. Entre los arrestados está el ex-alcalde del municipio, José Cortés Ramos, quien fuera capturado durante el Michoacanazo por vínculos con el crimen organizado.
Mientras tanto, los comuneros de éste municipio aseguran que quienes se manifiestan en Morelia fueron engañados por uno de sus dirigentes, Juan Carlos Martínez Ramos, puesto que les dijo que podrían integrarse al registro agrario y así disfrutar del pago de regalías que aporta Ternium a la comunidad.
Ahora son los comuneros y los miembros de las autodefensas de Aquila los que resguardan el municipio; sin embargo, la situación puede cambiar ya que todavía hay entre 100 y 200 personas inconformes después que los retiraron del bloqueo.
Aunque los manifestantes claman no estar armados, no queda claro aún quiénes eran los hombres armados que patrullaban las colonias de la cabecera municipal de Aquila; ya que tanto comunitarios como autodefensas usan uniformes que los identifican como tales.
Desde el 15 de abril, la confrontación entre los manifestantes -a quienes los comunitarios catalogan como “puro ratero”- y los comunitarios -que vieron mermada su economía tras el bloqueo de la actividad minera y son descritos como “enviados de Ternium”- ha pasado de las palabras a las amenazas y de las amenazas a los golpes.
Todo esto ante la mirada indiferente del Gobierno del Estado de Michoacán que no ha hecho más que “firmar de recibido” cada una de las cartas que los comuneros le han enviado.
Si el conflicto alcanzara un nivel de confrontación mayor; ningún grupo dudará en usar las armas. Frente a este escenario, lo más probable es que la Policía Federal y el Ejército Mexicano sean –como lo han sido hasta ahora- meros testigos de la situación.
