Arantepacua exige la detención inmediata de Silvano Aureoles, por masacre de 2017

Michoacán.- La comunidad indígena de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen, hizo un llamado urgente para que se proceda a la captura y el enjuiciamiento del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, junto con su entonces Secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes estatales más.

La comunidad los señala como los responsables directos de la irrupción y masacre ocurrida el 5 de abril de 2017.

El pasado viernes, un juez de control emitió las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra Aureoles Conejo, Corona Martínez y los 14 oficiales de la SSP.

Los mandatos judiciales se fundamentan en presuntos delitos de Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad y Tortura, relacionados con el asesinato de cuatro habitantes y la agresión hacia al menos 12 pobladores más de la comunidad indígena.

Este domingo, el Concejo Indígena emitió un comunicado en el que exigió acción tras casi nueve años de la masacre.

“Desde el Concejo Comunal de Arantepacua, hacemos un llamado urgente a las autoridades, a ejecutar con diligencia, dichas órdenes de aprehensión y garantizar que los responsables sean detenidos y llevados ante la justicia”, expresó.

El Concejo destacó que este logro es el resultado directo de su lucha constante para desmantelar un “entramado de encubrimiento, dilatamiento y corrupción institucional” que, según denunciaron, fue orquestado por años, y en el que fue fundamental la intervención del ex fiscal estatal Adrián López Solís, cercano a la administración de Aureoles.

“Reconocemos la gran labor de nuestra asesoría legal. Durante estos años, hemos sostenido un proceso organizativo, político y jurídico, que implica la compilación de pruebas y manifestaciones constantes en Michoacán y en la Ciudad de México y el fortalecimiento de nuestro sentido comunitario para sostener la exigencia”.

La comunidad enfatizó que la entonces Fiscalía, encabezada por López Solís, “operó como un obstáculo sistemático para la verdad y la justicia”, al retrasar diligencias clave y reprimiendo al pueblo organizado.

Los representantes comunitarios subrayaron que, si bien las órdenes de captura no equivalen a justicia, marcan el inicio de una etapa donde el Estado debe demostrar su voluntad de romper con la impunidad.

Recordaron que la Recomendación 32/20/2020 establece que en los hechos del 17 de abril de 2017, (fecha mencionada en la recomendación), la actuación estatal dejó un saldo de cuatro ejecuciones extrajudiciales, entre esos, un menor de edad, 10 casos de tortura, 38 víctimas de tratos crueles, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas indirectas.

Finalmente, instaron a las autoridades a hacer efectivas las detenciones de Silvano Aureoles, a quien señalan como quien dio la orden de la masacre, y de Juan Bernardo Corona Martínez, como titular de la institución que cometió los actos.

30 marzo, 2026

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