Morelia, Michoacán, 12 de abril de 2019.- Al inaugurar los trabajos del Taller de Capacitación a Servidores Públicos sobre el Juicio en Línea en Materia Administrativa, el Secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, desatacó la importancia que tiene el hecho de prepararse y actualizarse para tener conocimientos y saber cómo las tecnologías de la información van ayudar particularmente a las y a los ciudadanos.
Con respecto al objetivo de este evento, organizado y coordinado entre la Consejería Jurídica del Ejecutivo y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo (TJAM), para que las y los enlaces jurídicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal conozcan sus obligaciones dentro del Juicio en Línea y su operación, Herrera Tello destacó que los participantes contarán con la posibilidad de ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por esta vía.
“Se van a seguir preparando y van a seguir seguramente en esa ruta de aprendizaje que es la vida y el aprendizaje profesional, pero un conocimiento que no es compartido, un conocimiento que no es puesto al servicio de los demás, no sirve de nada”, apuntó el Secretario de Gobierno.
Exhortó a los más de 250 servidores públicos participantes en este taller, a que aprovecharan y aprendieran los elementos para operar, desde el ámbito de sus competencias, esta nueva modalidad de impartición de justicia administrativa en beneficio de las y los michoacanos.
Por su parte, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJAM), Sergio Mecino Morales, indicó que si bien la implementación del Juicio en Línea en Michoacán arrancará partir del mes de julio del presente año, es importante iniciar con este taller para dar a conocer en qué consiste.
“De estos talleres surgirán cosas importantes, podrán aclararse dudas, pero lo más importante es que vamos a tener un intercambio de experiencias para fortalecer la implementación del juicio en línea”.
Con la implementación de este instrumento no sólo se abandonará el uso de papel en las actuaciones judiciales, significa además una transformación cultural en el ejercicio de la función jurisdiccional.
“El uso de las tecnologías de la información y comunicación en la tramitación del juicio contencioso administrativo impacta la impartición de justicia, porque permite el uso de la firma y documentos electrónicos con el mismo valor probatorio de las constancias de papel”, añadió.
Expuso también que en este nuevo proceso, todas las actuaciones efectuadas se harán a través del sistema informático del tribunal y serán validadas con firmas electrónicas al tiempo que se integrarán expedientes electrónicos para garantizar la seguridad, la equidad, la integralidad y la durabilidad.
“Los hemos convocados para que conozcan el funcionamiento del sistema informático del Tribunal, sabiendo la importancia de proporcionar el conocimiento pleno de su implementación, pues si bien la sustanciación del juicio contencioso administrativo en línea es optativo para un particular, resulta obligatorio para todas las autoridades”.
En su mensaje, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, precisó que con la puesta en marcha del juicio administrativo en línea, inicia una nueva etapa en la administración e implementación de justicia en Michoacán, de ahí que con este taller se busca continuar en el cumplimiento de mantener a la administración pública de Michoacán, a la vanguardia de los avances tecnológicos y de políticas públicas que beneficien a todos los michoacanos.
“El juicio en línea tiende a resolver los problemas de rezago de trabajo del Tribunal de Justicia Administrativa, ya que al contar con una plataforma digital, se vuelven más rápidos los procesos de adición de promociones a los expedientes, los litigantes tienen un mayor margen de maniobra para la entrega de promociones a diversas horas del día; además de descongestionar el sistema tradicional de justicia”, detalló.
Estuvieron presentes la Magistrada y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Griselda Lagunas Vázquez, Arturo Bucio Ibarra, Rafael Rosales Coria y Carlos Paulo Gallardo Balderas, así como el Director General del Instituto de la Defensoría Pública, Marco Aurelio Nava Cervantes.
