Morelia, Michoacán. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado que presentó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, permanece estancada en el Congreso local en tanto que, las dependencias previstas para desaparición o fusión continúan ejerciendo su presupuesto y con ello evaporando la contención económica anunciada.
Cabe apuntar que a principios de mes arribó al Congreso local la propuesta del Ejecutivo para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la que se plantea la desaparición de las secretarías de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico (SICDET); de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad (SEDATUM); y de los Pueblos Indígenas (SPI), además de la Coordinación General de Gabinete y otras áreas, así como la fusión de algunas más.
Pese a que el Ejecutivo Estatal anunció que con tales medidas se preveía una contención del gasto por 850 millones de pesos, incluso se llegó a manejar en un boletín oficial la cifra de mil millones de pesos, aunque en la información oficial que turnó al Congreso para el proceso de dictaminación el monto real era de tan sólo 33 millones de pesos.
Y pese a que el gobierno estatal ya suprimió la existencia de las referidas dependencias en su sitio web oficial, en los números estas aún existen debido a que el asunto permanece sin dictaminar por parte del Congreso.
Es así como la cifra de 33 millones de pesos de contención presupuestal reportada por el Ejecutivo al Congreso, será aún más mínima debido al gasto realizado en lo que va del año.
Conforme al Primer Informe Trimestral del Ejercicio Presupuestal del Estado en este 2017, la Coordinación General de Gabinete a la que el Congreso le autorizó 17.9 millones de presupuesto tuvo una ampliación presupuestal en el primer trimestre del año para quedar en 25.3 millones de pesos, de los que dicho periodo ya había devengado 18.8 millones, es decir, más de lo autorizado por el Congreso para todo el año.
La que casi consumía su presupuesto de 2017 para marzo pasado era la Secretaría de Pueblos Indígenas, pues de los 5.01 millones de pesos autorizados por el Congreso, ya había devengado 4.4 millones según el informe de la Secretaría de Finanzas.
Por su parte la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico de los 3.8 millones autorizados por el Congreso, ya llevaba devengados 2.5 millones.
Llama la atención el caso de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Territorial, a la cual le fueron autorizados 19.7 millones por el Congreso, y pese a preverse su desaparición registra una ampliación presupuestal para quedar en 28 millones, de los lleva devengados 25.7 millones y se le han pagado 22.9 millones.
