Rodrigo Caballero/ @RodCaballero
Morelia, Michoacán. A partir de 2016, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) tendría una independencia presupuestaria separada del Poder Legislativo. Al menos así está planteado en el proyecto entregado por el gobierno de Salvador Jara Guerrero.
Tras años de que representantes de la Auditoría Superior, como su titular José Luis López Salgado, se quejaran de la falta de recursos para pagos de nómina y servicios ahora contará con 141 millones 537 mil 978 pesos; la asignación más grande de su historia.
El Poder Legislativo reactivó la llamada Unidad Programática Presupuestaria (UPP), una figura que le daría facultades a la ASM para tener un presupuesto como un órgano diferenciado de la LXXIII Legislatura. Algo que -en teoría- aumenta sus capacidades fiscalizadoras.
Sin embargo, apenas tres días antes de darse a conocer el Proyecto de Presupuesto 2016, José Luis López aseguró en entrevista que las tres últimas legislaturas se niegan a ser fiscalizadas.
“Nosotros de manera muy objetiva hemos emitido órdenes de fiscalización año con año y sin embargo nos contestan e informan que no es posible que se lleven a cabo ni que se nos proporcione la información” aseguró el auditor en entrevista con un medio local.
Esto significa que ninguno de los diputados que integraron las legislaturas número 70, 71 y 72 -es decir más de 120 legisladores- le rindieron cuentas a los michoacanos acerca de cuánto dinero se gastaron, cómo se lo gastaron y en qué.
La nueva capacidad financiera de la ASM, sumada a la integración del Sistema Nacional Anticorrupción y la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información, deberían darle a la Auditoría Michoacana las capacidades para que todos los organismos que reciben dinero público se sometan a escrutinio.
Si todo saliera de acuerdo al plan, la LXXIII Legislatura y la siguiente administración del Estado de Michoacán se convertirían en las primeras -realmente- obligadas a transparentar sus gastos en tiempos recientes.
