Política


Aún con inconsistencias aprueban el último paquete de reformas Anticorrupción

Morelia, Michoacán. Con inconsistencias legales que deberán ser subsanadas a futuro, este lunes quedó dictaminado el último paquete de reformas que darán vida al Sistema Estatal Anticorrupción.

Las comisiones de Gobernación, Auditoría Superior, Justicia, Jurisdiccional, y de Puntos Constitucionales, aprobaron los dictámenes con reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Ley de Fiscalización Superior y al Código de Justicia Administrativa.

Entretelones la rebatinga de diputados estaba en los intereses de unos y otros en el reparto de las nuevas magistraturas dentro del Tribunal de Justicia Administrativa ya que se crearán dos nuevas.

La polémica mayor estuvo en los contenidos del Código de Justicia Administrativa, el que prácticamente quedó en los mismos términos en que había sido elaborado por la Mesa Técnica, pues las sugerencias de cambios planteadas por legisladores perredistas fueron desechadas.

En el caso de las reformas a la Ley de Fiscalización Superior fueron aprobados sin ninguna discusión, pese a que los legisladores reconocerían después en entrevista inconsistencias en la norma y la necesidad de una reforma profunda más adelante.

Un tema relacionado con la Auditoría Superior de Michoacán y el Tribunal de Justicia Administrativa que sí fue discutido durante la reunión de comisiones, fue la facultad prevista en las reformas para el Tribunal a intervenir en las resoluciones de la Auditoría, esto pese a no estar permitido constitucionalmente.

La diputada Nalleli Pedraza Huerta al respecto alertó al respecto al señalar que el artículo 95 de la Constitución Estatal impide al Tribunal en intervenir en asuntos de la Auditoría, por lo que se precisaba primero la reforma al máximo ordenamiento local.

Como comúnmente ocurre en esos casos la respuesta del “aún hay tiempo” no se hizo esperar, esto bajo el argumento que el Sistema Estatal Anticorrupción entrará a operar hasta el 2018, por lo que aún hay espacio para reformar lo que está pendiente.

Otro tema motivo de polémica fue el del Juicio en Línea previsto para el Tribunal de Justicia Administrativa, en donde Pedraza Huerta refirió que a nivel nacional este sistema ha sido cuestionado por su alto costo y su poca efectividad, “en 2011 costó 245 millones de pesos instalar este sistema a nivel nacional, hay periódicos como La Jornada que hablan de 300 millones, se presentaron mil 237 demandas lo que implica un costo promedio de 197 mil 251 pesos la demanda; sólo el dos por ciento de las demandas se hacen en línea, evidentemente la implementación genera un alto costo en su implementación, si estamos en temas de austeridad en Michoacán esto debería ser revisado”.

Al respecto, asesores comentarían que durante el trabajo en la Mesa Técnica éste tema no recibió ninguna observación, y si bien se tocó el tema del costo se privilegió el criterio de la progresividad de la Ley y el acceso a nuevas tecnologías en materia de justicia tal como ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otra asesora más refutó el argumento al referir que las observaciones sí se hicieron pero no hubo consenso al respecto, “a nivel federal querían desaparecer este sistema, porque sale más caro el juicio en línea que poner jueces administrativos. De tres juicios en línea son 50 millones, y poner tres jueces administrativos sale en 20 millones”:

Al respecto al diputada Rosa María de la Torre, señaló: “suponiendo sin conceder que fueran 50 contra 20 millones, pensemos que es un desembolso inicial, si hablamos de engrosar la estructura se trata de desembolsos progresivos; este tema también tiene que ver con el derecho de un acceso pleno a la justicia administrativa de los particulares”.

Salvo una reserva hecha al dictamen por el diputado Daniel Moncada, el resto de las propuestas hechas por los legisladores fueron votadas en contra.

La propuesta de Moncada iba en relación de suprimir un artículo transitorio que preveía la creación de una magistratura más en el Tribunal de Justicia Administrativa en caso de ser necesario, lo que se consideró ocioso debido a que es una facultad que ya tiene el Congreso.

10 julio, 2017
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