Rodrigo Caballero/ @RodCaballero
Zinapécuaro, Michoacán. Eran nueve las camionetas blancas las que entraron a la tenencia de Ucareo recuerdan sus habitantes, más tarde se enteraron que se trataba de policías ministeriales pero de momento la población no los reconoció “actuaron como secuestradores” dijeron.
Los pobladores aseguran que los policías llegaron a Ucareo y se llevaron a cinco personas en camionetas sin placas y sin mostrar ninguna identificación oficial. Era la noche del viernes 3 de julio cuando los sacaron del poblado en ocho camionetas tipo pick-up y una tipo van.
Fermín Aguilar, vocero del movimiento que pugna la liberación de los habitantes, dice que nunca se les presentó orden de aprehensión alguna y que no supieron de ellos hasta pasadas las 2 de la madrugada “pensamos que los habían secuestrado” declaró.
Aguilar asegura que “algunos” de los arrestados habían sido secuestrados con anterioridad por lo que de inmediato pensaron que se trataba de otro incidente similar; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitió un comunicado de prensa la tarde del sábado para aclarar que varias personas habían sido presentadas ante la Fiscalía con base en una carpeta de investigación.
Esta carpeta, como se les conoce a las averiguaciones previas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, dio a conocer que fueron presentadas por implicaciones en el asesinato de dos presuntos secuestradores que amanecieron colgados la mañana del viernes en un puente vehicular de la carretera México-Guadalajara.
Esto provocó que un centenar de pobladores se trasladaran a las instalaciones de la PGJE para exigir la liberación sin cargos de los implicados; durante la protesta acusaron a la procuraduría de “fabricar culpables”.
“Vean la parte lógica, los encuentran [a las personas colgadas] y ese mismo día encuentran gente, ya tenían detenidos dónde está la investigación, dónde está el procedimiento legal que tienen que hacer… se lo brincaron y están violando nuestros derechos constitucionales nuestras garantías individuales” declaró Fermín afuera de la PGJ.
Tras enterarse de la detención los habitantes acudieron al presidente municipal de Zinapécuaro para que interviniera. No obstante, éste asegura haber sido amedrentado por policías ministeriales cuando trató de aclarar el hecho.
“Usted no se meta sino quiere que le traiga al Ejército y a la Policía Federal” aseguró que le contestaron el alcalde Dagoberto Mejía Valdés.
“Hubieran venido antes ahorita ya para qué”
La noticia cundió como pólvora y los titulares de los noticieros apuntaban que pobladores habrían tomado la justicia en sus manos y colgado a dos supuestos secuestradores; esta interpretación generó descontento entre la población de Ucareo quien asegura haber pasado de “víctimas a victimarios” debido a la actuación de la que llamaron “prensa amarillista”.
Los pobladores acusan a periodistas que se acercan a la población de llegar tarde puesto que hubo una “ola de secuestros que nunca salió en el periódico” reclamaron.
“Hubieran venido antes, cuando denunciamos los secuestros, cuando estábamos atacados por la delincuencia, ahorita ya para qué nomás andan inventado lo que pasa pero nunca se vinieron a asomar antes” alegaron los vigilantes de las entradas de la tenencia.
Desde el sábado en la noche colocaron barricadas en las cinco entradas de Ucareo y no permiten el paso al gobierno. “No cerramos el pueblo ni nos levantamos en armas, como dicen los medios, nada más queremos evitar que los policías vuelvan a llevarse gente”.
Los pobladores alegan que los detenidos fueron obligados a firmar documentos en blanco que después probarían su culpabilidad. “Se los llevaron con amenazas y golpes, ustedes saben que cabronazos hasta inglés te hacen hablar” reclaman pobladores de la barricada instalada en el barrio de Tico.
Competencia del Poder Judical
A pesar de los reclamos, la carpeta de investigación pasó la aprobación y tres de los cinco detenidos recibieron “prisión preventiva”. Ahora que la Fiscalía presentó los cargos de homicidio y privación ilegal de la libertad ahora toca al Poder Judicial resolver el caso.
En un comunicado de prensa, la PGJE aclaró que serán el Juez de Control quien decida la situación legal de los implicados el próximo viernes 10 de julio. Cabe destacar que éste juez es una nueva figura implementada en el NSJP que valida la legalidad de la investigación y garantiza los Derechos Humanos tanto de víctimas como de victimarios.
La procuraduría aclara que el Tribunal Judicial del Estado de Michoacán “garantiza ampliamente” tanto la presunción de inocencia como la defensa adecuada de los habitantes imputados; sin embargo, esta respuesta dejó aún más descontento entre los pobladores.
El movimiento que surgió en defensa de los pobladores está planeando qué hacer para que sus vecinos salgan de la cárcel pues aseguran “son inocentes”; sin embargo, pelean en varios frentes.
Tienen que batallar contra la rapidez de la Fiscalía que en menos de 72 horas colocó a sus vecinos tras las rejas, también contra la Procuraduría de quien esperan represalias tras las detenciones y además lidian con la que llaman “prensa amarillista” a quien le reclaman haberlos catalogados como autodefensas; “cosa que no somos” aclaró Fermín Aguilar.
Mientras tanto tienen pensado presentar una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pero no saben cuándo; “No vamos a permitir que pisoteen a Ucareo, ni vamos a permitir que la Procuraduría siga fabricando culpables entre la gente del pueblo” reclamaron desde las barricadas que ahora flanquean a la tenencia.
