Miles de migrantes haitianos y centroamericanos avanzaron por quinto día consecutivo rumbo a la Ciudad de México y la frontera con Estados Unidos, en la «Caravana por la justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante».
De acuerdo con el Centro de Dignificación Humana, que acompaña la movilización masiva desde que salió de Tapachulas, Chiapas, en la caravana participan al menos 4 mil personas, incluidos mil 500 niños, 78 mujeres embarazadas y varios adultos mayores, pero cada día se suman más personas a la marcha.
Luis Rey García, director del Centro, explicó que más de mil migrantes de la caravana cuentan con el reconocimiento de refugiados por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero a que pesar del trámite han sido regresados desde distintos puntos del país.
“Ellos han avanzado, pero los han regresado. Esto es un tratamiento ilegal y lo que ha provocado es la sobresaturación de la ciudad de Tapachula con más de 95 mil migrantes”, dijo el defensor.
La caravana migrante reanudó su jornada hacia la capital del país para intentar regularizar su situación en el Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México y después poder ir a Estados Unidos, debido a la saturación en las oficinas de Chiapas.
Durante la movilización, los migrantes llegan a gritar consignas como “¡libertad!” y “¡el pueblo unido jamás será vencido!” frente a las autoridades migratorias y de seguridad.
Las condiciones climáticas también han afectado el avance de la caravana, pues el calor intenso y las largas caminatas bajo el sol provocaron desmayos de algunos de los migrantes y alentaron la marcha.
Tan sólo de enero a agosto de 2021, alrededor de 147 mil migrantes haitianos y centroamericanos cruzaron a México para alcanzar Estados Unidos, mientras que las cifras de arrestos en la frontera de Estados Unidos con México alcanzaron en el pasado año fiscal más de 1.7 millones.
En su recorrido, los migrantes han sido víctimas de la violencia institucional, policial y social tanto de Estados Unidos como de México, sin que exista una política migratoria efectiva para garantizar su protección, tal como denunciaron organizaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
