El 8 de enero del 2019, al margen de toda una comunidad de más de 50 mil integrantes, la decisión de ocho miembros de la Comisión de Rectoría bastó para designar a Raúl Cárdenas Navarro como nuevo representante de la Universidad Michoacana, quien asume el cargo en medio de una de las crisis financieras más severas en la historia de la centenaria institución.
En los primeros cien días del nuevo rectorado, se ha incumplido con el plazo establecido por la federación para que la institución presente un proyecto integral centrado en la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos que ejerce, establecer un nuevo organigrama que cancele por un lado la generación de nuevos puestos laborales e imponga un proyecto de captación de recursos, al igual que se emprenda un proceso para “mejorar” el Régimen de Pensiones y Jubilaciones, puntos impuestos a la Casa de Hidalgo a cambio de 500 millones de pesos como recursos extraordinario para afrontar compromisos de pagos de salario a sus trabajadores en el cierre del 2018.
El acuerdo firmador por el anterior rector, Medardo Serna González, establecía como plazo para la presentación de este proyecto de reordenamiento, el 21 de marzo pasado, mismo que de acuerdo con la Rectoría, se amplió hasta el 25 del mismo mes. Sin embargo, tal y como lo ha reconocido Cárdenas Navarro, la UM incumplió ante la federación y se solicitó a la misma la ampliación de fechas, aunque no se conoce si fueron aceptadas o no.
En la visión del catedrático de la Facultad de Filosofía y consejero universitario, Mario Alberto Cortez Rodríguez, toda reforma será innecesaria en la Universidad Michoacana si no se supera el déficit financiero que vive la institución y que ha llevado al condicionamiento de los gobiernos federal y estatal a establecer una serie de cambios, entre ellos al Régimen de Pensiones y Jubilaciones.
En un exhorto enviado a los integrantes del Consejo Universitario, el catedrático señala que a cien días de haber sido electo rector Raúl Cárdenas Navarro, éste ha optado por la opacidad informativa ante la comunidad universitaria, al desconocerse por parte del representante de la Casa de Hidalgo si acaso existe un proyecto de reforma, en qué se basaría un cambio al sistema de pensiones y a qué tipo de condicionamiento se sometería la institución con los acuerdos firmados el 21 de diciembre pasado con la federación y el gobierno estatal.
“¿Es razonable insistir con aprobar una reforma que ha sido rechazada con buenas razones?, ¿se puede ´sensibilizar´ a los agremiados a alguno de los sindicatos a través de los llamados a ´ser sensibles´ a través de la prensa’”, señala el docente, al referirse a que sólo a través de los medios Cárdenas Navarro ha optado por aludir a este tema y pedir la “sensibilidad” de los gremios, sin informar directamente a los integrantes de la Universidad Michoacana.
Cabe señalar que sobre la reforma al régimen de Pensiones y Jubilaciones, integrantes de los sindicatos de Profesores y Único de Empleados (SPUM y SUEUM respectivamente) han reiterado su negativa a cambio alguno en el mismo, desde que en el 2017 el rector Medardo Serna González intentó legitimarlo a través de foros desdeñados por los gremios, quienes optaron por realizar su propia consulta.
En el 2018, en el caso del SPUM, el Consejo General de Representantes, máxima instancia sindical, mandató al Comité Ejecutivo General a no aceptar cambio alguno al Régimen, al igual que en el caso de los empleados, se pondera que sólo una reforma integral al marco legal universitario posibilitaría aceptar algún cambio. Estos posicionamientos, se han constituido en “candados” de las bases sindicales a sus dirigencias, las que desde el 2017 iniciaron un “acompañamiento” con Serna González en la búsqueda de más recursos ante la federación, en el contexto de la crisis que tocó fondo en el 2018 en diez universidades públicas, entre ellas la Michoacana, e incluso conjuntamente publicaron un desplegado en mayo del año pasado, donde daban cuenta de este “pacto”.
En declaraciones recientes, las dirigencias sindicales han patentado que el caso de la reforma a pensiones no ha sido abordado con Cárdenas Navarro, como lo planteó incluso el rector ante el Consejo Universitario el pasado 22 de febrero, donde señaló que sería con estas instancias con quienes se abordaría los posibles cambios. En el caso del SPUM, incluso señaló que acudiría ante el Consejo General a exponer los compromisos contraídos con la federación, lo cual no se ha cumplido.
En el cuestionamiento que hace Cortez a los integrantes del Consejo Universitario -documento que tiene como fecha de recibido por el máximo órgano de gobierno universitario, el pasado 11 de abril-, señala que hasta el momento no hay un escenario claro del proyecto de trabajo a desarrollar por Cárdenas Navarro, “¿acaso sólo administrar las inercias?”, cuestiona al señalar la necesidad de establecer revisiones en planes de estudio, integrar ejes transversales en los programas académicos en equidad de género, derechos humanos, cultura de paz, medio ambiente y desarrollo sustentable, además de actualizar y “hacer coherente” el marco jurídico de la UM.
En estos cien días, han sido dos los conflictos surgidos entre direcciones y plantilla docente, como ha sido en las facultades de Contabilidad y Ciencias Administrativas, y en la de Biología, plantel éste último donde se mantiene la toma de dos edificios en Ciudad Universitaria. A estos casos, donde los maestros sindicalizados han argumentado violaciones contractuales, se suma la posibilidad de que la Casa de Hidalgo se paralice el próximo 2 de mayo ante el emplazamiento del SUEUM por la misma causa, cuyo líder, Eduardo Tena Flores, ha denunciado además que al margen del presunto control en nuevas contrataciones, la nueva administración ha propiciado el ingreso de más personal de confianza.
También en este periodo, ha tocado enfrentar a la Rectoría los señalamientos de las auditorías superiores de la Federación y del Estado, y desvanecer observaciones en el ejercicio de la Cuenta Pública 2017 por más de 258 millones de pesos, proceso que se encuentra en curso al igual que en el caso relativo a la “estafa maestra”, donde se involucró a la Universidad Michoacana con la participación de 11 dependencias del gobierno federal y en la que se habrían desviado 3 mil 433 millones de pesos entre 2013 y 2014 a través de 128 empresas “fantasmas”, según publicó en el año 2017 el portal informativo Animal Político.
