Política


Cinco violaciones de la Federación, argumenta Estado en Controversia Constitucional educativa

Cinco son las violaciones a derechos y principios esgrimidas por el Gobierno del Estado en la Controversia Constitucional promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Ejecutivo Federal por los convenios derivados del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 (ANMEB).

La Controversia –de la cual consta copia en esta redacción- fue promovida el pasado viernes 25 de enero y está a la espera que se le asigne un ministro instructor para que determine si admite o no el juicio y en su caso lo lleve a trámite.

En la Controversia promovida por el gobernador Silvano Aureoles Conejo se consideran cinco derechos y principios violados por el Gobierno Federal en este asunto: la garantía de igualdad de todos ante la Ley; el derecho de toda persona a recibir educación; el principio de legalidad y seguridad jurídica; el principio de estabilidad en las finanzas públicas; y la violación a la distribución competencial en materia de educación entre federación y entidades federativas.

Las partes demandadas en el juicio son el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Poder Legislativo Federal.

Aureoles Conejo en la controversia solicita se declare la invalidez de la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Educación, de los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, así como de los oficios UAJyt/752/2018 y UAJyt/755/2018, ambos suscritos por la representación de la SEP, así como de diversas omisiones de esa autoridad y de la SHCP, en perjuicio de las obligaciones que en materia educativa corren a cargo de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de México y de la Ley General de Educación.

Son 17 los antecedentes que se citan en el juicio promovido, entre los que destacan la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992, del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica que fue suscrito por el Gobierno Federal, los Estados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo tercero constitucional, en lo relativo a la federalización y concurrencia de los distintos órdenes de gobierno en materia de educación básica.

“Al momento de la firma del ANMEB, la aportación estatal en educación representaba el 9.6% y la de la Federación el 90.4%. A través de la Secretaría de Educación Estatal (SEE), se convino que el Gobierno local recibiría del Gobierno Federal los planteles escolares, derechos y obligaciones laborales, bienes muebles e inmuebles y recursos financieros. En consecuencia, la SEE sustituyó a la Federación en las relaciones jurídicas con los trabajadores de la educación, generando un sistema denominado Sistema Educativo Estatal.

“Tras la descentralización derivada del Convenio del ANMEB, el Ejecutivo Federal se comprometió a transferir recursos suficientes para que los gobiernos locales estuvieren en posibilidades de elevar la calidad educativa y cobertura del servicio de educación, se hicieren cargo de la dirección de los planteles, fortalecieren el sistema educativo del estado y cumplieran con los compromisos que el ANMEB les impuso. Por su parte, el Gobierno del Estado se comprometió a incluir en sus presupuestos de egresos anuales, recursos estatales por montos reales y crecientes, para estos efectos“.

Apunta que a partir de 1995, los gobiernos en turno, que aspiraban a una gobernabilidad y estabilidad política, firmaron compromisos adicionales a la negociación salarial nacional en minutas, en las que se consignaba la creación de nuevas plazas, bonos, prestaciones y programas sindicales sin respaldo presupuestal. “Es así que se dio una doble negociación salarial, por un lado, entre la SEP y el SNTE y, por otra parte, el Estado de Michoacán de Ocampo y el SNTE; aunado a la negociación por parte del Estado con la CNTE, que ostenta la representación del 90% del magisterio en el Estado de Michoacán de Ocampo. Derivado de lo anterior, en el rubro de bonos se establecieron compromisos por el orden de mil 21 millones de pesos adicionales a la carga regular del costo de nómina”.

Otro de los antecedentes que enlista concierne a 2007 cuando se promulgó el Acuerdo por la Calidad en la Educación (ACE) a nivel federal, refiriendo que por cuestiones de presión gremial, el gobierno de Michoacán no lo firmó y, en consecuencia, los recursos humanos destinados para cubrir las necesidades de las escuelas, no se otorgaron en la cantidad requerida. En ese contexto, el Estado tuvo que crear plazas, trayendo como resultado el crecimiento de la plantilla hasta los 32 mil trabajadores estatales en 2015.

“En dicho contexto, además fue necesario el otorgamiento de plazas automáticas a normalistas, a partir de la presión gremial, aumentando sustancialmente la platilla estatal de maestros ante la negativa de evaluarse”.

Alude que el 15 de diciembre de 2014, se celebró el Convenio de Coordinación para la conclusión del proceso de conciliación de plazas transferidas, mismo que sirvió como base para la asignación de recursos del FONE al Estado a partir del 2015, y que con su creación, la Federación administra la nómina federal educativa que, en años anteriores a 2014, el Estado utilizaba para financiar parte del déficit de la nómina estatal. “Es decir, que la Federación, por medio de la SEP, realiza el pago de la nómina de las plazas transferidas directamente”.

Agrega que durante el periodo comprendido de 2014 a 2018, la Federación otorgó a Michoacán nueve mil 25 millones de pesos, aproximadamente dos mil millones anuales, por el concepto de “Apoyos a centros y organizaciones de educación” parte del “Ramo 11 Educación Pública” del Presupuesto de Egresos de la Federación.

“A partir de 2016, haciendo uso de programas de jubilación mediante estímulos estatales, el Estado pudo congelar 700 plazas con un ahorro en el déficit educativo de aproximadamente 400 millones de pesos”.

Es así como refiere que “como consecuencia del flagrante incumplimiento del ANMEB por parte de la Federación”, el 26 de noviembre de 2018, Pascual Sigala Páez, en su carácter de Secretario de Gobierno del Estado interpeló extrajudicialmente la decisión de dar por terminado el ANMEB en un plazo de 30 días.

Después alude a la respuesta negativa emitida por la Federación a dicha interpelación el 14 de diciembre de 2018, a lo que el Gobierno del Estado respondió “reiterando la urgencia de que se dé respuesta específica en materia financiera a cada uno de los puntos expuestos por la entidad federativa, y se determine por parte de la Federación el proceso a seguir para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores de la educación”. Asimismo, se insistió en que el Estado está en posibilidad de salirse del ANMEB.

Es así como señala “de manera contundente que, en el estado de cosas actual“, el Estado de Michoacán “se encuentra imposibilitado financiera y económicamente para cubrir, con cargo a sus propios ingresos, las erogaciones y el gasto en materia de servicios personales para la educación pública, de las plazas que no se encuentran registradas en el Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada”.

“Al acudir a esta instancia, aunado a la defensa del marco constitucional y el ámbito de esferas de competencia a favor de la entidad federativa que represento, también tiene por objeto garantizar plenamente los derechos de los trabajadores al servicio del Estado en el sector educativo, ante una situación que no le es optativa y excede su capacidad. En dicho sentido, desde este momento se manifiesta, que el Estado de Michoacán no cuenta en su Hacienda Pública con los recursos que son materia de la presente litis sino que, precisamente, la pretensión que hoy se hace valer ante este Alto Tribunal se sustenta en la improrrogable necesidad y exigencia de contar con los mismos”.

28 enero, 2019
Tags: , ,
Notas Relacionadas