Pedro Zamora Briseño
Simón Ignacio Palomino Gutiérrez murió el 7 de marzo de 2012, a raíz de un ataque perpetrado por pistoleros en un lote de vehículos usados del municipio de Villa de Álvarez, a donde había acudido a comprar una camioneta. En el momento del suceso fallecieron dos hombres. Él quedó malherido y dejó de existir horas más tarde, cuando recibía atención médica en un hospital.
En una declaración al respecto, la entonces procuradora de Justicia, Yolanda Verduzco Guzmán, insinuó públicamente que se trató de un ajuste de cuentas entre delincuentes. Antes de sepultar el cuerpo de Palomino Gutiérrez, sus familiares llevaron el ataúd frente al Palacio de Gobierno, donde protestaron exigiendo justicia, así como la renuncia de la funcionaria a su puesto y la reivindicación del nombre de la víctima, quien no era delincuente.
A siete días del triple homicidio, el gobernador Mario Anguiano Moreno se vio obligado a reconocer ante los medios de comunicación que el fallecimiento de Simón Ignacio fue un suceso circunstancial y no se derivó de que haya estado involucrado en actos delictivos, pero a la vez defendió por esa ocasión la permanencia de Yolanda Verduzco al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Casi dos años después de los hechos, la familia denuncia que el asesinato no ha sido aclarado. Teodoro Palomino Gutiérrez, hermano de la víctima, dice: “Nunca hubo resultados de la investigación, se ve que no les importa, esto ha quedado impune como tantos otros crímenes en este estado y en este país”.
Y efectivamente, la impunidad en el homicidio de Simón Ignacio no es una situación aislada.
Durante el gobierno de Mario Anguiano, el aparato de procuración e impartición de justicia de Colima ha permanecido indolente frente al alza de homicidios dolosos, lo que ha elevado escandalosamente los niveles de impunidad en comparación con sexenios anteriores. Esto es, en la primera mitad de la actual administración se disparó la cifra de asesinatos, pero se mantuvo prácticamente igual el número de detenidos y de condenados por homicidio.
De acuerdo con datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), consultados y analizados por el reportero (en todos los casos serán “redondeadas” las fechas de inicio y final de sexenio porque no siempre aparece desglosada por mes la información), en el gobierno de Fernando Moreno Peña, de 1998 a 2003, se cometieron 322 homicidios (53.6 por año); en el de Gustavo Vázquez Montes y Silverio Cavazos Ceballos, de 2004 a 2009, hubo 309 asesinatos (51.5 por año) y tan sólo en el primer trienio de Mario Anguiano, de 2010 a 2012, fueron 559 los crímenes (186.3 por año).
Según el Inegi, en 2012 Colima se colocó en el séptimo lugar de violencia homicida en el país, con una tasa de 39 asesinatos por cada 100 mil habitantes —casi el doble de la media nacional, que fue de 22—, sólo debajo de Chihuahua (77), Guerrero (77), Sinaloa (48), Durango (48), Tamaulipas (46) y Coahuila (41).
Pese a los 559 asesinatos ocurridos en la primera mitad del sexenio anguianista, la PGJE en ese lapso sólo detuvo y presentó ante los juzgados a 180 presuntos responsables (32.2 por ciento), de los que a 166 les fue dictado auto de formal prisión (29.6 por ciento). Y a lo largo de esos tres años, el Poder Judicial sentenció por homicidio a un total de 113 detenidos, de los que sólo 98 (equivalentes a 17.5 por ciento del número de crímenes registrados en ese periodo) fueron encontrados culpables.
