Este martes la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del periodista José Rafael Murúa Manríquez, en Baja California Sur, así como los defensores de derechos humanos en Chiapas José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo.
Cabe apuntar que Murúa Manríquez y Jiménez Pablo eran beneficiaros del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación, pese a ello el periodista fue asesinado y su cuerpo localizado el domingo pasado, en tanto los activistas fueron encontrados sin vida también el domingo y con huellas de haber sido torturados.
A través de un comunicado Jan Jarab, representante de la ONU-DH en el país, señaló que “México necesita urgentemente revertir la tendencia en aumento del riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Sus actividades deben ser protegidas e incentivadas por el Gobierno mexicano en su conjunto pues se trata de actores fundamentales para un Estado democrático y de derecho.
“Estos hechos muestran que la violencia contra quienes defienden derechos humanos o informan tiene profundas raíces y es necesario impulsar cambios estructurales para atajarla”.
Califica como preocupante que en todos estos casos las víctimas ya habían denunciado con anterioridad amenazas y hostigamientos, señalando incluso a autoridades como responsables de dichos actos. “Estas denuncias deben ser investigadas de forma exhaustiva, sin dejar de lado las líneas que indiquen un posible involucramiento de servidores públicos y así contribuir a luchar contra la impunidad y prevenir que hechos similares vuelvas a ocurrir”.
Y agrega: “el hecho de que tanto el señor Murúa como el señor Jiménez fueran beneficiarios del Mecanismo de Protección debe llevar a una profunda reflexión sobre su eficacia; las medidas de protección otorgadas, así como su implementación, efectividad y seguimiento, deben ser analizadas y evaluadas.
“Además, se deben esclarecer completamente estos crímenes, pues no debemos olvidar que la mejor medida de protección y de no repetición en los casos de agresiones contra defensores y periodistas es una investigación pronta y eficaz que logre justicia para las víctimas.”
Finalmente se llama a las autoridades competentes a llevar a cabo investigaciones prontas y eficaces de los ataques contra los defensores y el periodista, exentas de prejuicios y en línea con el debido proceso y adoptar medidas de atención y protección eficaces para los familiares y colegas de las víctimas.
