Morelia, Michoacán.- En el Congreso del Estado nadie sabe, ni supo sobre el destino de los 288.7 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación reporta como no comprobados durante el Ejercicio Fiscal 2018 en el presupuesto ejercido por la cámara.
En 2018 hubo dos legislaturas en funciones, la LXXIII que duró del primero enero al 14 de septiembre, y la LXXIV que operó del 15 de septiembre al 31 de diciembre.
En la práctica parlamentara es la Junta de Coordinación Política la que toma las determinaciones financieras del Congreso y da seguimiento al manejo de los recursos en coordinación con el Comité de Administración y Control. Ambos son los que emiten órdenes y criterios a aplicar por la Secretaría de Finanzas del Congreso.
La diputada Adriana Hernández Íñiguez fue integrante de la Junta de Coordinación Política en la pasada Legislatura local a su término, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla presidió dicho órgano de gobierno del Congreso al inicio de la actual Legislatura, y Antonio Salas Valencia fue presidente de la Cámara al arrancar funciones los actuales diputados en 2018. Todos ellos serían cuestionados sobre el destino de los recursos que reporta la Auditoría Superior de la Federación como no comprobados, y todos ellos coinciden en deslindarse de conocer cualquier particularidad relacionada con el asunto.
Adriana Hernández Íñiguez refiere que previo a finalizar la pasada Legislatura, específicamente el 14 de septiembre de 2018 se hizo el informe con el cierre de la finanzas del Congreso hasta ese momento, y posteriormente se hace la entrega-recepción.
“La Junta como tal no tiene la facultad sobre las finanzas, y eso yo lo aclaro porque luego se piensa que ésta maneja el recurso financiero o administra los recursos del Congreso y no es así. Su nombre lo dice, Junta de Coordinación Política del Congreso”.
Subraya que la figura de representación legal de la Cámara está en manos de la presidencia de la Mesa Directiva, del Comité de Administración y Control, y de la Secretaría de Finanzas.
“El Comité solamente fiscaliza, no tiene tampoco facultad de manejo de recursos y de decisión, porque si lo hiciera entonces se tendría sí que hacer de manera consensada con la Junta. Entiendo que han estado en reuniones el actual secretario con la pasada secretaria de finanzas del Congreso”.
De acuerdo con Adriana Hernández, la información que a ella le han comentado en torno a lo observado por la Auditoría, son temas de observación meramente administrativa, “recordemos que no teníamos el software para manejo contable, esa es una de las observaciones, entonces no se han hecho los registros de acuerdo al software autorizados, pero todo está claro en lo que tiene que ver a la pasada Legislatura que cerró el 14 de septiembre de 2018”.
Alfredo Ramírez Bedolla asegura que cuando arribó la actual Legislatura al Congreso el 15 de septiembre de 2018, el único recurso con que disponía era para gasto corriente, es decir, para el Capítulo 1000 de salarios, “la LXXIII Legislatura fue la que hizo prácticamente todo el gasto en los rubros de adquisiciones, y servicios generales”.
“Son 288.7 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación de detectó que no están debidamente comprobados”.
-Tú como presidente de la Junta jamás denunciaste irregularidad, ¿no lo revisaste?, ¿no te interesó?
“Esto lo detecta la Auditoría Superior de la Federación, nosotros no teníamos esa información”.
-Te tocaba como presidente de la Junta revisar también el tema financiero…
“No necesariamente porque hay un Comité de Administración, además hay un secretario de Finanzas, una Contraloría, es decir, es un tema en el que está debidamente ubicada la responsabilidad. Los 288 millones de pesos de esos hallazgos habrá que desvanecerlos y son de la LXXIII Legislatura”.
A pregunta expresa de si el tema no les fue informado en el proceso de entrega-recepción entre legislatura y legislatura, Ramírez Bedolla subraya que él no firmó ninguna entrega-recepción financiera, porque ésta se da entre el secretario de administración saliente y el entrante.
“A nosotros no nos hicieron entrega-recepción más que de la oficina de Junta de Coordinación Política y de los muebles que hay ahí, así como de 30 mil pesos de un Fondo Revolvente para los gastos que hay en esa oficina”
Sobre las responsabilidades como representante legal del Congreso en su carácter de presidente del Congreso en 2018, el diputado Antonio Salas Valencia señala a su vez que no se trata de esconder o aventar la bolita, “¿de cuándo acá la Junta de Coordinación Política toma en cuenta a los presidentes del Congreso para que sean los responsables del recurso que aquí se administra?.
“Quienes se agandallan la mayor parte del presupuesto del Congreso del Estado –y yo siempre lo he dicho-, son los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Las atribuciones de la Junta están excedidas, incluso en relación a lo que sucede en el Congreso Federal.
“En la entrega-recepción a mí como presidente de la Mesa Directiva lo que me entregaron, fue lo relacionado a expedientes del trabajo hecho o pendiente en comisiones, lo que tenía que ver a litigios, laudos laborales y todo ese tipo de cosas. De eso yo respondo y les puedo dar un informe al respecto; en la parte financiera ni he sido el responsable, ni nunca se tuvo en la presidencia el manejo financiero”.
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