Cuando a inicios de 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto apresó a Elba Esther Gordillo, anunció que con dicha acción iniciaba un proceso de saneamiento y lucha contra la corrupción sindical, misma que se había propagado durante el mandato de la también fundadora del partido político Nueva Alianza.
Sin embargo, los hechos muestran que la flamante captura de la ex-lideresa sindical respondía menos a un verdadero proceso de transformación del sindicato más importante del país que a conflictos políticos al interior de la clase política.
Luego de la aprobación de la Reforma educativa, presentada por sus defensores como un instrumento de transformación profunda de nuestro sistema educativo y criticada por sus opositores por carecer de sustancia pedagógica, los medios de comunicación centraron sus críticas en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la de la Educación.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Educación mantuvo una posición de apoyo a l a la Reforma y, a pesar de que el pasado reciente mostraba el historial de corrupción de sus líderes, la narrativa oficial elogió su postura y su compromiso con la educación.
Sin embargo, a contracorriente de los discursos oficiales, en el fondo casi nada ha cambiado con la captura del Elba Esther Gordillo.
En efecto, según documentos oficiales el actual presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cobra un sueldo de $56 845 pesos en la nómina magisterial a pesar de no impartir clases.
Como si esto fuera poco, la percepción de este sueldo está explícitamente prohibida en el artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, redactada en el marco de la antedicha Reforma.
Cabe destacar que esta noticia aparece en un contexto destinado a desprestigiar la labor docente. El pasado 15 de mayo aparecieron noticias respecto a los excesivos pagos que, supuestamente recibiría el magisterio a partir de un estudio financiado por una organización privada.
Si bien es cierto que resulta necesario criticar estos casos de corrupción sindical y simulación por parte del Ejecutivo Federal, es indispensable advertir sobre la tendencia del discurso oficial a estigmatizar la labor docente con el fin de aprovechar la indignación de la opinión pública para implementar medidas que virtualmente podrían seguir afectando los derechos laborales del magisterio o creando un clima apto para profundizar un proceso de privatización ahora en el ámbito educatiuvo.
