Corte Interamericana responsabiliza al Estado mexicano por la violación, tortura y muerte de Ernestina Ascencio durante el sexenio de Calderón

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) determinó que el Estado mexicano es responsable de la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, ocurridas en febrero de 2007 en la sierra de Zongolica, Veracruz, a manos de integrantes del Ejército mexicano. Los hechos se registraron durante el gobierno de Felipe Calderón, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en los primeros meses de su administración.

De acuerdo con la sentencia, Ernestina Ascencio, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, fue víctima de agresiones sexuales y tortura por parte de militares, además de haber sufrido una falta de atención médica adecuada y oportuna, lo que derivó en su fallecimiento dos días después de los hechos. El tribunal concluyó que estas omisiones fueron determinantes en su muerte.

En su momento, el entonces presidente Felipe Calderón atribuyó el deceso a una supuesta “gastritis crónica”, versión respaldada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en ese periodo era encabezada por José Luis Soberanes. Sin embargo, la Coridh señaló que la investigación fue cerrada de manera prematura y sin agotar las líneas de indagación pertinentes.

El fallo subrayó que las autoridades no actuaron con la debida diligencia, omitieron un enfoque de interseccionalidad y no incorporaron una perspectiva de género, elementos fundamentales al tratarse de una mujer indígena de edad avanzada. Asimismo, se estableció que se negó a sus hijos el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

La Corte constató que el 25 de febrero de 2007 Ernestina Ascencio fue violada por miembros del Ejército mexicano en las inmediaciones del 63 Batallón de Infantería, adscrito a la 26 Zona Militar de Veracruz. Tras ser encontrada gravemente herida por sus familiares, la víctima alcanzó a declarar a su hija, en lengua náhuatl, que los soldados la habían agredido. Murió dos días después.

En su resolución definitiva e irrevocable, la Coridh concluyó que el Estado mexicano violó los derechos a la vida, la integridad personal y la salud, así como el derecho a la no discriminación y al acceso a la justicia, a la verdad y a la protección judicial, consagrados en tratados internacionales.

Como parte de las medidas de reparación, el tribunal ordenó al Estado realizar una investigación penal exhaustiva y seria, en un plazo razonable, para identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. También dispuso la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y la provisión de atención médica, psicológica y psicosocial adecuada, con pertinencia cultural y lingüística, para los hijos de la víctima.

El Estado mexicano deberá presentar, en un plazo de un año, un informe detallado sobre las acciones emprendidas para cumplir con la sentencia. La Corte mantendrá la supervisión del caso hasta que se acredite el cumplimiento total de las medidas ordenadas.

17 diciembre, 2025

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