Morelia, Michoacán.- Después del 5 de abril, Juan Morales Servín se convirtió en un preso político, acusado por el Estado de portar armas de fuego durante la irrupción de las fuerzas federales en Arantepacua, que dejó como saldo cuatro comuneros muertos.
Juan es albañil, pero “le tocó estar donde fue el pleito”, asegura su hermano Cayetano.
Ese día, el 5 de abril, los policías realizaron un operativo en Arantepacua con el objetivo de liberar cerca de 20 vehículos que los comuneros tenían retenidos desde un día antes, cuando las autoridades estatales detuvieron arbitrariamente a 38 comuneros, entre ellos estudiantes, maestros y campesinos, que habían participado en una mesa de negociación.
El resultado del operativo tuvo como saldo cuatro personas muertas, entre ellos un estudiante de bachillerato, y la detención de 9 comuneros.
Cayetano lleva casi una semana durmiendo a la intemperie a las afueras del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues asegura las acusaciones expuestas por las autoridades, durante la primera audiencia realizada el pasado sábado, son “absurdas”. Es de madrugada y una chamarra es su única protección para el frío.
Eran las 4:00 de la mañana del 6 de abril cuando Cayetano y su familia llegaron a la Procuraduría preguntando por Juan, sin embargo fue hasta seis horas después que los abogados presentaron una lista de los detenidos, entre los que se encontraban su hermano y otros dos albañiles de Nahuatzen. Desde esa fecha hace guardia día y noche esperando poder llevarse a Juan de regreso con su esposa e hijos.
A su hermano dice, lo sacaron de su camioneta tipo Van, junto a los otros dos albañiles de Nahuatzen que se encontraban trabajando en Arantepacua, sus nombre son Octavio y Mateo ambos se apellidan Enrique Casteñada. Sus familiares también han denunciado a los medios de comunicación hechos de tortura durante la detención.
Familiares de los detenidos se encuentran afuera de la Procuraduría.
No se cansa de repetir que su hermano al igual que otros dos detenidos también originarios del municipio de Nahuatzen, se ganaban la vida como albañiles “son gente de trabajo”, recalca. Ahora se encuentran recluidos en el penal David Franco Rodríguez, mejor conocido como ‘Mil Cumbres’ desde el pasado 8 de abril, acusados de portar armas largas, cartuchos, así como, de intento de homicidio contra los uniformados.
Él platicó con su hermano, quien presenta claras muestras de golpes en el rostro y otras partes del cuerpo:
“Yo me llevé una impresión caraja porque lo miré hinchado, todo golpeado. Me enseñó la espalda y pues unos ‘patadones’ que le acomodaron, bien maltrecho lo dejaron”, dice.
Respecto a lo que hermano le dijo de la detención apunta: “Ellos escucharon los balazos, de hecho él habló a su patrón y le dijo que estaban aventando balazos. Y lo que hizo mi hermano fue tratar de meter su carrito, trae una Van, y en eso se le unieron otros dos albañiles que trabajaban en la otra casa y les dijo, vénganse para acá, vamos a meternos para acá, se metieron a la Van”, pero hasta ahí llegaron los uniformados quienes “abrieron el portón a patadas, y de hecho también un trojecito que estaba ahí adentro lo abrieron a patadas”.
De acuerdo a las versiones oficiales los uniformados aprehendieron a los tres habitantes de Nahuatzen y les leyeron sus derechos, según quedó de manifiesto en la audiencia realizada el sábado pasado, pero las familias no entienden cómo es que les pudieron leer sus derechos “cuando los estaban golpeando”.
La casa que construía Juan en la calle Adolfo López Mateos, en Arantepacua.
Apunta que: “a su hermano y los otros comuneros detenidos los sacaron a jalones, los golpearon le dieron un culatazo en la cabeza, lo patearon y lo aventaron a la camioneta, les echaron una lona encima para seguir pateándolos. Yo me imagino que para que no los viera la gente como los llevaban. A mi hermano le pusieron una pistola debajo de la quijada, lo amenazaron. Me dijo que les tronaban las pistolas a un lado de la cabeza, asustándolos pues, traumándolos”.
Los muros
Las paredes a medio construir de la casa ubicada en la calle Adolfo López Mateos, de la comunidad de Arantepacua, son testigos mudos de lo acontecido aquel 5 de abril.
En la construcción de esa vivienda laboraba Juan Morales Servín, del municipio de Nahuatzen, detenido junto a otros ocho comuneros, entre ellos dos albañiles más también originarios de la cabecera municipal.
En Arantepacua “todos sabían que ellos trabajaban ahí y que se ganan la vida como albañiles”, señalan los comuneros que guían a algunos medios de comunicación hasta la construcción, la cual se encuentra a apenas unos metros del predio conocido como “La Loma” lugar donde fue encontrado el cuerpo ya sin vida del joven de 16 años de edad, Luis Gustavo Hernández Cohenete, sin embargo hoy los tres albañiles están detenidos en el penal David Franco Rodríguez.
La casa que Juan estaba construyendo
En esta situación también se encuentra, Fructuoso González Alonso, cuyo único delito, aseguran nuestros guías, fue el vivir en una improvisada casa de madera y lámina negra a la entrada del pueblo. Al lado de donde ahora se levanta una barricada de comuneros que vigilan el pase a la comunidad las 24 horas del día.
La vivienda ya deshabitada, otro testigo mudo de lo acontecido. En su interior se observa un fogón, trastes sin usar, algunos sombreros y otras prendas de sus habitantes.
En la vivienda un pequeño espacio hace de habitación, en este apenas cabe una cama individual y un mueble construido también de madera en el que se observa una imagen de San Judas Tadeo.
La familia Fructuoso, se fue a refugiar a Comachuén, lugar del que son originarios. Él lleva desde los 8 años viviendo en Arantepacua, trabaja en el campo, el aserradero o cualquier otra labor donde lo ocupen. Sólo iba a su lugar de origen los fines de semana, aseguran los pobladores.
La casa de Fructuoso
De acuerdo a las versiones de los comuneros los policías entraron en la casa cuando él estaba comiendo con su mamá, porque no tenía nada que ver con el conflicto. Sin embargo, eso no importó de igual forma “entraron lo golpearon, prácticamente lo sacaron inconsciente y se lo llevaron, esa fue la versión que nos dio su mama cuando vino a pedirnos ayuda” indican.
Inconsistencias en la declaraciones
El día de ayer 11 de abril, el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Bernardo Corona Martínez, aseguró que el ejército no había participado en el operativo desplegado en Arantepacua, versión que choca con las evidencias, ya que desde el 5 de abril circuló un video donde se observa a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al interior de la comunidad indígena.
De acuerdo a las versiones de los pobladores de Arantepacua, los militares entraron luego del revuelo causado por los disparos que les arrebataron la vida a los cuatro comuneros, “cuando la gente asustada estaba resguardada en sus casas, tratando de esconderse. Vinieron solo por dos camiones de los 20 que teníamos retenidos y se fueron”, indicaron.
“¿Por qué si el operativo era supuestamente para liberar los vehículos se llevaron sólo dos?”, cuestionan.
Eso les hace pensar que las autoridades esconden el cargamento de esos tráileres. Otra de las inconsistencias dicen, es que ahora las autoridades aseguran que ellos no dejaron que se realizaran las autopsias a los muertos, cuando los cuerpos estuvieron ahí tirados hasta que los elementos de seguridad salieron de la comunidad, ¿por qué no investigaron?, vuelven a cuestionar.
Ahí estuvo el cuerpo del joven Luis Gustavo Hernández Cohenete quien encontró la muerte al salir de su escuela, portando aún el uniforme de la misma.
Al joven le dispararon, “pero como no se moría fueron a darle el tiro de gracia y además le pintaron una cruz en el rostro con su propia sangre y después lo dejaron abandonado hasta que la población salió a recoger a sus muertos”, añaden los comuneros.
‘El Beny’
Al ser cuestionado por la prensa, el representante de Bienes Comunales de Arantepacua, Simón Pérez Morales, también desmintió que una banda delincuencial esté operando en la población.
“Nosotros no conocemos al tal Beny” reitera a los medios, para después agregar que “el gobierno está implementando una política para atacar a los pueblos indígenas. A los comuneros que están encarcelados se les están imputando delitos que el mismo gobierno fabrica con la Procuraduría”.
Ahora con la indignación a flor de piel y ante el actuar de las autoridades los habitantes de diversas comunidades indígenas de Michoacán se han pronunciado contra los partidos políticos y sus representantes. En este contexto es que los indígenas voltean a ver la experiencias de autonomía que desde seis años inició el municipio de Cherán.
