Morelia, Michoacán. El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo declaró la mañana de ayer, desierta la licitación para elegir la empresa que realizará la auditoría forense mandatada por el Congreso a la cuenta “cargos por aplicar”, aquella en la que se operó la llamada “licuadora financiera” que ahondó el quebranto en las finanzas estatales.
De entrada habían sido dos empresas que habían comprado las bases de licitación porque estaban interesadas en participar, sin embargo ayer que se realizó la audiencia para cotejar las propuestas ninguna se presentó y ambas enviaron un documento donde se desistían de participar en el asunto sin señalar causa alguna.
Se trata de las empresas Ernest & Young (EY), y KPMG Cárdenas Dosal S.C., que fueron las más interesadas en el tema, y finalmente optaron por desistirse.
Cabe apuntar que en el marco de la autorización de la solicitud de reestructura a la deuda pública estatal que se dio al Ejecutivo a principios de año, la Cámara ordenó también la realización de la referida auditoría forense que se prevé destape todo el manejo que se dio en la cuenta Cargos por Aplicar, en donde según datos de la Auditoría Superior de Michoacán se registraron movimientos contables por dos billones de pesos.
El Congreso mandató al Ejecutivo a que en un plazo de 90 días –que se cumplieron el siete de junio- debía entregar el nombre de la empresa seleccionada tras proceso de licitación para la realización de dicha auditoría, cosa que no ocurrió a tiempo, y se postergue aún más ante el desistimiento de ambas empresas.