El debate por la continuidad de la ciclovía en el Centro de Morelia se ha tornado un río revuelto del que diversas fuerzas políticas quieren sacar provecho en vísperas del proceso electoral. En ese contexto, la llamada clase política no resolverá nada porque es claro que son muchos los interesados en administrar el conflicto; entonces, la continuidad del paseo dominical dependerá de la capacidad que tengan los ciudadanos para organizarse y defender el espacio público que es de todos, aunque el líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua diga lo contrario.
Los panistas aliados del Gobernador Silvano Aureoles en el Congreso del Estado -quienes montaron una farsa para simular que estaban en contra de la contratación de nueva deuda por 4 mil 90 millones de pesos, pero que no se sumaron a la acción de Inconstitucionalidad para frenar en tribunales el endeudamiento -, Arturo Hernández y Oscar Escobar, se lanzaron en contra del Presidente Municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, acusándolo de falta de capacidad para resolver el conflicto entre transportistas y simpatizantes de la ciclovía; incluso, el dirigente estatal del PAN paga publicidad en redes sociales para atacar al gobierno de Morena.
El Ejecutivo estatal Silvano Aureoles se lavó las manos y dijo que no intervendrá en el conflicto entre el gobierno municipal y los transportistas liderados por Pasalagua; es decir, no es el Gobernador de mano dura que hemos visto en contra del sector magisterial y los normalistas, defendiendo a ultranza el derecho al libre tránsito y la no afectación a terceros.
La supuesta neutralidad del Gobernador es más bien una omisión de su responsabilidad de hacer valer la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, la cual establece que podrá cancelar los permisos o concesiones cuando el servicio de transporte público sea interrumpido sin justificación o sin autorización previa.
Es verdad, a Raúl Morón le ha faltado defender con mayor firmeza la ciclovía, y echar mano de los recursos que tiene a la mano, no para ir a la confrontación con los transportistas, sino para garantizar a los ciudadanos que puedan disfrutar del espacio público, al menos durante cinco horas cada domingo.
Después de 10 años de funcionamiento de la ciclovía, los transportistas decidieron que ésta les afecta en sus ganancias y amenazan con impedir que se lleve a cabo hasta que no modifiquen su ruta, o de plano elijan otra vialidad para la convivencia en familia; no sorprende que surja este conflicto cuando se avecina un proceso electoral, porque de todos es conocido el pragmatismo político y electorero de Pasalagua, quién históricamente ha usado al gremio de trabajadores del volante para su propio beneficio.
Según datos dados a conocer por Cocotra con anterioridad, en Morelia circulan diariamente diez mil taxis, 2 mil 100 combis, y mil camiones urbanos. El reciente conflicto por la ciclovía, contrastado con la postura asumida por Silvano Aureoles, deja claro que Gobierno del Estado no tiene la rectoría del sector, solo ofrece ventanillas de trámite al servicio de los gremios del transporte.
La línea de combis rojas se subdivide en 10 rutas, y todas ellas circulan por dónde mismo, en un tramo de 3 kilómetros que va del Obelisco a Lázaro Cárdenas a la Avenida Ventura Puente; es evidente entonces que el problema no es la ciclovía, y quienes deben rediseñar sus rutas son los transportistas. Es aquí donde Cocotra debe hacer valer sus atribuciones y facultades, a menos de que la dependencia sea rehén, o aliada, de los líderes transportistas.
La ciclovía no existe por dádiva de actores políticos o gobiernos en turno, es una conquista ciudadana resultado de una larga lucha. En vista de la postura asumida por las fuerzas políticas, nuevamente serán los ciudadanos los que deberán organizarse para defender al espacio público como patrimonio de todas y todos.
