El futuro de los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado será definido por el Ejecutivo Estatal por ser éstos sus empleados, ya que la Fiscalía General del Estado sólo contará empleados de confianza, ningún sindicalizado ni basificado.
Este miércoles la Comisión de Justicia del Congreso, sacó adelante el dictamen que contiene la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, mismo que será sometido a consideración del Pleno Legislativo el próximo jueves que sesione.
En la breve reunión uno de los temas que se comentó sin discusión o análisis mayor fue el de los actuales trabajadores de la Procuraduría General de Justicia que no pasarán en automático a laborar en la Fiscalía.
El dictamen de Ley establece en su artículo 52 que las relaciones jurídicas entre la Fiscalía y los agentes del Ministerio Público, agentes de investigación y análisis, así como peritos, se regirán por lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución.
“En atención a la naturaleza de las funciones que tiene a su cargo la Fiscalía, los servidores públicos distintos a los señalados en el párrafo anterior que presten sus servicios en la misma serán considerados trabajadores de confianza para todos los efectos legales, por lo que únicamente gozarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier momento”.
En el artículo séptimo transitorio se apunta que los agentes del Ministerio Público, agentes de investigación y análisis o peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que deseen integrarse a la Fiscalía, deberán someterse al procedimiento de evaluación que comprende la certificación vigente de control de confianza, de competencias y evaluación del desempeño, conforme a las disposiciones de permanencia previstas para el servicio profesional de carrera y las complementarias que al efecto dicte el Fiscal.
“Mientras el Fiscal no disponga lo contrario, los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado pasarán a ocupar los cargos equivalentes en la Fiscalía. En tanto se adquieren los recursos materiales necesarios, se seguirá usando la papelería, sellos y demás materiales de trabajo que tengan el nombre y escudos de la Procuraduría General de Justicia del Estado”.
Asimismo, el artículo octavo transitorio apunta que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con el Fiscal, en un plazo máximo de un año, proveerá lo conducente sobre el personal de base o sindicalizado adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, garantizando sus derechos laborales y humanos.
Sobre este artículo octavo transitorio, se explicó durante la reunión que sindicalizados y basificados de la procuraduría que estén interesados en permanecer en la Fiscalía, además de cumplir con la evaluación correspondiente, pasarán a ser de confianza y sujetarse a los nuevos criterios laborales.
Por ser trabajadores al servicio del estado los actuales empleados sindicalizados y basificados de la Procuraduría es que se mandata al Ejecutivo a que determine qué hacer con ellos en un plazo de un año, lo que implicaría entre otras medidas su reubicación a otras áreas de la administración pública estatal.
