Por: Carlos Portillo
En lo que va del sexenio actual, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama han intentado ocupar de manera desesperada el espacio político que la derecha simplemente no es capaz de habitar, al estar sumergida en la derrota moral, sin proyecto de país ni cuadros relevantes.
Por tanto, estos consejeros —enquistados en el INE desde hace más de una década— hacen uso de sus cargos y los recursos del erario para hacerle oposición al gobierno de López Obrador y atacar a Morena; pero, sobre todo, buscan entorpecer el proceso democrático que se vive en el país desde hace tres años.
Al postergar la revocación, quieren postergar la democracia. Córdova, Murayama y sus cuatro obedientes secuaces tratan de aplazar la evolución y profundización de nuestra democracia. Desprecian la idea de complementar lo “representativo” con lo “participativo”, les molesta que el pueblo decida —no solo cada seis años— y que el pueblo mande.
Baste recordar las burlas racistas de Córdova contra representantes de los pueblos originarios: “Había uno, no mames, no voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: ‘Yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí: o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones’ (sic)”.
Otra muestra de su desprecio a la ciudadanía es el capricho de mantener sus sueldazos de casi 200 mil pesos mensuales —mediante un amparo— para ganar incluso más que el presidente de la República.
Además, solo el área de la Presidencia del Consejo General —a cargo de Córdova— nos cuesta 30 millones de pesos al año por los salarios de sus asesores, coordinadores, secretarios particulares, secretarios privados, asistentes personales y líderes de proyectos; esto, sin contar gastos operativos, prestaciones ni compensaciones extraordinarias, según reveló una investigación de Luis Guillermo Hernández.
Entre las prestaciones de las que goza el enorme equipo de Córdova destacan una prima vacacional, prima semestral, prima de gastos funerarios de hasta mil veces el salario mínimo, 40 días de aguinaldo, gastos de alimentación por hasta 11 mil pesos mensuales, un pago de despensa por 3 mil 500 pesos mensuales y una serie de compensaciones económicas generales. También disfrutan de un seguro institucional de 40 meses de sueldo, un seguro colectivo de retiro, un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de separación individualizado.
Y este es el INE que ahora se atreve a decir que no le alcanza el dinero para realizar la primera consulta de revocación de mandato en la historia del país, mientras que, con sus lujos y excesos, denigran el ejercicio del servicio público.
Córdova y Murayama nos están negando el derecho a la democracia participativa, el derecho a pedirle cuentas a cualquier presidente a mitad de sexenio. ¿Se imaginan las corruptelas que hubiéramos evitado con este derecho antes? ¿Se imaginan cuántas vidas se hubieran salvado? Estos caciques del INE nos quieren arrebatar la opción de despedir a presidentes ladrones, vendepatrias o asesinos.
Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no están en contra de AMLO y Morena, están en contra de la democracia y de los derechos políticos del pueblo de México.
