Humans Rights Watch (HRW) envió una carta a la “teleprocuradora”, Arely Gómez, donde se indica que México debe intensificar sus esfuerzos para que se sancionen e investiguen, debidamente, las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se dan en el territorio. Además se identificaron medidas que deberá adoptar Gómez para poder dar cumplimiento al compromiso de defender a los derechos humanos.
Además HRW expresó que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura son problemas que están extendidos por todo el territorio nacional. De esta forma la organización hizo referencia a conclusiones de sus propios informes así como también de otras instancias, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) además de otros tantos de la ONU. Y apuntó que “la regla es que estos abusos queden impunes”.
“El gobierno de Peña Nieto se ha esmerado demasiado en restarle importancia a la crisis de derechos humanos en el país, mientras que sus esfuerzos para resolverla han sido absolutamente insuficientes”.La nueva Procuradora General de la República está en condiciones de contribuir para marcar un nuevo rumbo para México, pero para ello deberá ser mucho más activa que sus predecesores”.
Cabe recordar que cuando Arely Gómez asumió su puesto, el pasado mes de marzo, expresó que la prioridad sería el trabajo con derechos humanos nacionales e internacionales.
No hay que olvidar que ese mismo mes Juan Méndez, Relator Especial de la ONU sobre Tortura, presentó su informe donde la conclusión fue que dicho delito es generalizado en el país, además de que los culpables normalmente no son llevados ante la justicia.
Empero el gobierno de Peña criticó duramente las conclusiones de Méndez además de hacerlo públicamente. Hay que recordar que Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que Méndez había sido “muy irresponsable y muy poco ético” y que había publicado hallazgos que “no pudo sustentar”.
HRW también señaló que los intentos de otros funcionarios del gobierno, por abordar los problemas de derechos humanos que existen en el país, han sido inadecuados y con resultados limitados.
Como muestra un botón; en junio de 2013 la PGR creó una unidad que se dedicaría únicamente a casos de desapariciones, un año y medio después (enero 2015) dicha unidad no tenía ni una sola condena por el delito de desapariciones forzadas que habían sido cometidas desde 2007.
Es por eso que para HRW Arely Gómez debería trabajar con otras autoridades competentes para asegurar que la unidad especial dedicada a desapariciones tenga recursos y personal suficientes para llevar a cabo investigaciones. “La investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de estos y otros abusos debería ser una de las máximas prioridades de la PGR”.
A su vez agregó que la PGR está obligada a dar a conocer los nombres de las 22 mil personas desaparecidas o extraviadas, así como otras tantas que han sido halladas a pesar de que, en su momento, fueron reportadas como extraviadas. También se instó a que la procuradora “debería asegurar que los expertos independientes que participan en las investigaciones penales realicen su labor sin interferencias indebidas, y que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a la información sobre estas investigaciones”.
“En lugar de reconocer la magnitud de los abusos que ocurren en el país, la respuesta del gobierno mexicano al informe de la ONU sobre tortura fue un ataque injustificado e innecesario a un jurista ampliamente respetado. La nueva procuradora general ha reconocido su obligación de abordar estos delitos, pero aún está por verse si está dispuesta a hacer lo necesario para garantizar que estos delitos sean investigados de forma exhaustiva y que los responsables sean finalmente llevados ante la justicia”, espetó Wilkinson.
