Los diputados locales gastan más de lo que tienen, de tal manera que el Poder Legislativo registra un déficit de 25.8 millones de pesos, según consta en la Cuenta Pública Estatal 2018 entregada al propio Congreso por el Ejecutivo la noche del martes.
La austeridad no es lógica legislativa, tanto que los 984 millones 436.8 mil pesos de presupuesto que tenían aprobados en 2018, a los diputados les resultaron insuficientes y acabaron por gastarse mil diez millones 321.6 mil pesos.
El Poder Legislativo inicio 2018 con pasivos por seis millones 740 mil 658 pesos, y acabó el año con 33 millones 613 mil 481 pesos.
Dentro de la escasa información que el Poder Legislativo presenta en su cuenta pública sobre el ejercicio del presupuesto que ejerció el año pasado, puede observarse pagos anticipados de nómina a algunos diputados, concretamente a Mayela Salas Sáenz de Morena por 27 mil 670 pesos, y a la hoy independiente Wilma Zavala Ramírez por 175 mil pesos.
Llama la atención el adeudo por dos millones 250 mil 231 pesos que registra por concepto de viáticos, María Elena López Pérez, directora de Administración de la Auditoría Superior de Michoacán, quien es hija del exsecretario de finanzas del estado Miguel López Miranda.
También aparecen con adeudos por anticipo de nómina Nely Rubí Contreras Barrera con diez mil pesos; Amara Yazmin Vargas Pérez, y Ala Alejandro Moreno Juárez, con montos que van de los diez mil a los 27 mil pesos.
El Poder Legislativo acumula cuentas por pagar a corto plazo por 33.6 millones de pesos, de los que 11.2 millones corresponden a servicios personales por pagar; 17.4 millones a retenciones y contribuciones por pagar; 2.2 millones se adeudan a proveedores; y 2.6 millones aparecen como “otras cuentas por pagar a corto plazo”.
El mayor gasto del Poder Legislativo se concentra en los diputados y su personal, tanto que en 2018 tanto la Auditoría Superior de Michoacán, como la Secretaría sufrieron recorte de recursos para que éstos los absorbiera el Congreso.
A inicios de 2018 se aprobó un presupuesto para la auditoría por 147.3 millones de pesos que, en el transcurso del año se recortó en 42.4 millones para quedar en un total de 104.9 millones de pesos.
