Morelia, Michoacán. Distancia y olvido es lo que a lo largo de nueve años autoridades de los tres órdenes de gobierno han prodigado a las víctimas de los atentados del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, quienes padecerán de por vida las secuelas de lo que entonces se calificó como el primer atentado terrorista en el México moderno.
Ahora la ilusión por la promesa vuelve a tocar el ánimo de quienes, hasta hace un par de semanas continuaban en su peregrinar por atención y apoyo para atender sus requerimientos médicos.
Una vez más en víspera de que arribara este 15 de septiembre las autoridades estatales encabezadas por el propio gobernador Silvano Aureoles Conejo salieron para reunirse y sacarse la foto con quienes hace un año tuvieron también encuentro y olvidaron todo un año.
Bien procuró los publicistas formales y espontáneos difundir la imagen de Silvano Aureoles reunido con las víctimas del llamado 15-S y sosteniendo en brazos a sus hijos, atendiendo sus demandas, tal y como hace nueve años se veían las de Felipe Calderón Hinojosa y el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel.
Pero los discursos y la atención siempre aparecen cuando se cumple un año más de la tragedia. En 2016 el mandatario se comprometió a revisar el monto de las pensiones de las víctimas y promover en el Congreso una reforma a los decretos respectivos.
Hasta el momento dicha reforma no se ha aprobado y los montos permanecen sólo con la promesa de que serán modificados.
Maltratos, promesas incumplidas, y retrasos, es lo que las víctimas han vivido por años con aquellos que se comprometieron a dar la cara por las afectaciones que padecen, prueba de ello son las llamadas pensiones vitalicias.
Ante la alarma pública, con los ojos del país puestos en la capital michoacana, el gobierno federal y estatal se comprometieron a un sinnúmero de apoyos para las víctimas, pero al paso de los años y cuando la atención nacional se enfocó en otras noticias, las palabras quedaron sólo en promesas.
En el caso de la federación, de plano se desmarcó del asunto, durante la visita que hizo el presidente Felipe Calderón a los dos días de los atentados, prácticamente prometió a las víctimas que su gobierno asumiría la responsabilidad económica de su manutención y tratamientos a fin de que ellos se pudieran concentrar en sus procesos de rehabilitación. Pero todo quedó en declaraciones ante la prensa para salir en la foto.
En tanto, el gobierno estatal prometería de manera inmediata que a las víctimas se les otorgarían pensiones vitalicias para reparar el daño sufrido, pero a la vuelta de los meses en su mayoría no fueron ni vitalicias ni para reparar el daño, ya que aquellos que perdieron algún familiar en el ataque, no recibieron más que el recurso para sepultarlos, eso sí, modestamente para que no saliera muy caro.
Unos de los apoyos del gobierno estatal se otorgaron en los hospitales públicos, con la atención médica. Ahí la orden inmediata tras los atentados fue salvar vidas y no miembros, lo que hizo que varias de las víctimas sin una valoración médica completa, fueran sometidas a amputaciones en sus cuerpos como María Belém Zavala Rodríguez y otras que las esquirlas que se alojaron en sus miembros no fueran extraídas, lo que hoy día les genera diversos trastornos entre otros.
A unos más que se negaron a ser cercenados y optaron por acudir a los servicios médicos privados, se les negó la ayuda y hoy día siguen invirtiendo recursos propios en su rehabilitación como Rafael Bucio quién luego de perder ese 15 de septiembre a su esposa, quedar a cargo de sus tres hijos, sufrió la amputación de su pierna y está en riesgo de perder el brazo.
Lo que sí se otorgó de primer momento a las víctimas fue ayuda psicológica, la cual les fue proporcionada por espacio de año y medio, determinándose después su alta. Posteriromente algunos fueron atendidos por la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas en el mismo sentido.
En 2015 un mes después de asumir el compromiso de otorgar pensiones vitalicias, el gobernador Leonel Godoy se percató que no contaba con facultades legales para hacerlo por sí solo, y que requería la intervención del Congreso local. Sin embargo, la ley no preveía esta posibilidad, por lo que arrancarían los jaloneos entre Ejecutivo y Legislativo por ver quién sería el protagonista principal en esta medida.
Es así como el gobernador turnaría al Congreso el 16 de octubre una iniciativa para reformar la Constitución del Estado a fin de dar viabilidad a su oferta, sin embargo, la falta de acuerdos sobre si correspondía al Ejecutivo o al Legislativo otorgar las pensiones frenaría siete meses la modificación.
De esta manera de inicio diputados y gobernador dieron una salida política a sus desencuentros, determinado emitir un decreto administrativo –en tanto se realizaban las reformas a la ley- mediante el cual se les otorgaba 162 días de salario mínimo (poco más de ocho mil pesos), a las víctimas.
En abril del 2009 los diputados lograrían ponerse de acuerdo para reformar el artículo 44 de la Constitución local, dando facultad al Congreso de autorizar pensiones vitalicias, sin embargo, la medida era insuficiente ya que se precisaba una ley reglamentaria que sistematizara la entrega de apoyos. Esa discusión les llevó otros cuatro meses para aprobar el texto normativo, y otros trece días para que fuera publicada en el Periódico Oficial del Estado.
En la nueva ley además de víctimas por ataques terroristas, se incluyó a las de desastres naturales, y se dejó en manos del Congreso realizar el proceso de análisis de las solicitudes que se presentaran. A la vuelta de dos años, los legisladores se desmarcaron del asunto, y reformaron esta ley para dejar en manos del Ejecutivo todo el proceso de revisión, para ellos al final sólo dar el visto bueno.
De inicio la norma no cumpliría con las expectativas ofertadas a las víctimas, ya que previó dos modalidades de pensión, una vitalicia y la otra temporal, la primera se otorgaría “cuando el daño físico produzca una incapacidad física permanente total, de acuerdo con el certificado médico, expedido por una institución pública de salud”, la segunda “cuando el daño físico sufrido sea curable, por lo que la pensión terminará en el momento en el que el solicitante recupere su capacidad física dañada y se probará con certificado médico expedido por una institución pública de salud”.
En el caso de las víctimas del 15 de septiembre, los criterios de aplicación de ambas modalidades demostrarían inconsistencias, pues todas ellas sufren daño físico permanente, no obstante los diputados sólo autorizaron pensión vitalicia a aquellos que sufrieron amputación médica de algún miembro, por lo que el resto carece de certidumbre sobre la permanencia de los apoyos.
En la medida en que otros actos catalogados como terroristas se fueron dando en territorio michoacano, y que las solicitudes de víctimas proliferaban en el Congreso y esto ya no significaba rentabilidad política, los diputados decidieron desmarcarse del asunto y reformar la Ley para que el Ejecutivo sea el que desarrolle y analice las solicitudes para pensiones que puedan darse, y que sólo informe al Legislativo para que en su caso éste las avale.
Con la llegada de las pensiones, unas vitalicias y otras temporales, todos los apoyos que recibían las víctimas (salvo las consultas en el Hospital Civil) les fueron retirados, por lo que ese apoyo que se suponía apoyaría su manutención, prácticamente se les va en la compra de medicamentos, y en seguir con tratamientos médicos por su cuenta, ya que aquellos que aún precisan intervenciones quirúrgicas ya no cuentan con el respaldo de la autoridad para realizárselas.
