Morelia, Michoacán. Como muestra de la responsabilidad y el compromiso que mantiene el Poder Legislativo con la ciudadanía, sobre la fiscalización del origen y aplicación de los recursos públicos que ejercen los poderes del Estado, la 74 Legislatura aprobó por mayoría el Plan de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal correspondiente al Ejercicio 2018, en donde se incluyó al Congreso local para que sea también auditado.
A propuesta de los diputados Cristina Portillo Ayala y Óscar Escobar Ledesma, se incorporó a la propuesta de dictamen un artículo que incluye al Congreso del Estado al listado de entidades públicas que deberán someterse a un profundo escrutinio respecto al manejo de los recursos públicos, propuesta que fue respaldada por la mayoría de los legisladores locales.
Además, autorizaron una Auditoría financiera al Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, al Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial y a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, a la Secretaría del Migrante en los rubros de “Jornadas Culturales y Casas Michoacán en Estados Unidos de Norteamérica”, a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, así como al Telebachillerato Michoacán.
Contemplaron también una Auditoría al Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM), que incluya la revisión general, legal, financiera, administrativa y contable, abarcando todo lo relativo a la situación financiera y presupuestal de dicho fondo.
Se incorporó asimismo una Auditoría al ejercicio del gasto de la Secretaría de Seguridad Pública en términos del Acuerdo Legislativo 147 así como al Organismo Público Descentralizado a los Servicios de Salud de Michoacán, por ser el ente gubernamental que aplica y administra los recursos asignados, a la referida Secretaría de Salud del Estado (UPP 17).
Con estas acciones, el Congreso del Estado refrenda su encomienda de transparentar el manejo del dinero de los michoacanos, así como de rendir cuentas claras y cumplir con los objetivos de alcanzar una fiscalización eficiente y exhaustiva del presupuesto público.
