Morelia, Mich.- Todos los ciudadanos tienen derechos a estar informados de cualquier trámite administrativo, multas o procedimientos que imponen ayuntamientos o autoridades, hay nuevos derechos que no pueden evadir las autoridades, expuso el Magistrado Arturo Bucio Ibarra, al participar como ponente en el congreso ‘Retos y futuro de la Justicia Administrativa en México’.
“En el procedimiento administrativo sancionador se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento a símil de un juicio, esto es, la posibilidad de que se informe de qué se está acusando o qué se está atribuyendo a un particular”, refirió el magistrado de la Segunda Sala Ordinaria, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM).
Ante estudiantes y profesionista del derecho, refirió que el derecho administrativo a nivel nacional ha evolucionado, brindando mejores condiciones a un particular y para garantizar que las autoridades competentes a respeten el debido proceso.
Entre los principios que se deben vigilar enlistó derechos básicos como la legalidad, la presunción de inocencia, la imparcialidad, el derecho a la defensa, el derecho a poder comparecer ante posibles acusaciones, al ofrecimiento de pruebas, pero sobre todo el derecho a una resolución y a una impugnación.
También hay una evolución de estos principios que amplían derechos a los particulares en el procedimiento administrativo sancionador, “por ejemplo, anteriormente un ayuntamiento negaba información sobre trámites, licencias o clausuras y no se podía saber en qué proceso se encontraban, sin embargo con esa evolución, se establece la libertad de acceso al expediente, como un derecho del particular y una obligación de las autoridades”, refirió el Magistrado.
Bajo estos preceptos, todos los ciudadanos tienen el derecho de ser informados de sus trámites, no sólo referencias del tipo ‘lo tiene el dictaminador o el jefe de la unidad’, es un derecho a ser informado de manera puntual cuál es estatus de un trámite.
Bucio Ibarra agregó que en el caso de las multas, también se tiene el derecho de la ampliación de la prueba, donde el ciudadano tiene la posibilidad de allegar evidencias de defensa, siempre y cuando sea obtenida de manera legal, lo que elimina normativas que decían que para refutar algún elemento que se contenía en el informe únicamente se aceptaban las pruebas documentales, ahora la autoridad administrativa no puede limitar el agregado de evidencias.
El congreso sobre derecho administrativo es organizado por organizado por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, y se desarrollará durante este 26 y 27 de marzo en las instalaciones de la preparatoria universitaria número 3, José María Morelos y Pavón.
