Orlando Aragón Andrade
Este 9 de agosto se conmemoró nuevamente el día internacional de los pueblos indígenas ¿cómo llegamos en materia de derechos indígenas a este aniversario en Michoacán? Sin lugar a dudas el balance es de claroscuros. Por un lado, muchas comunidades indígenas continúan, como en los últimos años, cuidándose a sí mismas ante el abandono, la ineptitud o la complicidad del actual gobierno del Estado. Esta situación habla por sí sola de que los derechos humanos más básicos están muy lejos de garantizarse en gran parte de las comunidades de Michoacán. Sin embargo, en los últimos meses se puede advertir una importante mudanza en la acción estatal sobre las iniciativas de seguridad organizadas por diversas comunidades indígenas de Michoacán.
En efecto, el ejemplo más claro de este cambio es la ofensiva estatal en fechas recientes contra la policía comunitaria de Ostula. Este caso muestra que ahora, con mayor intensidad, las comunidades que luchan y se organizan para defenderse y para tener seguridad lo tienen que hacer en un contexto de mayor hostigamiento estatal en relación a otros momentos de movilización.
Del otro lado de la moneda está el proceso de la comunidad de Cherán, que aunque con dificultades continúa avanzando en el ejercicio de sus derechos de libre determinación. Muy a pesar de la intervención de las autoridades electorales en favor de los integrantes de los partidos políticos, Cherán logró hace unos meses sacar con éxito su renovación de autoridades municipales por el sistema de “usos y costumbres” y de paso paró la pretensión de los partidos políticos de regresar al gobierno municipal hasta por lo menos dos periodos más. De esta manera, Cherán, por merito propio, continúa siendo un referente en el ejercicio de los derechos de libre determinación de los pueblos indígenas no sólo en Michoacán, sino en todo México. Es, quizás, por los pasos que continua dando Cherán que varias comunidades de los municipios de Tingambato y de los Reyes impidieron la instalación de casillas en la reciente jornada electoral y han expresado su voluntad de abandonar el sistema de partidos políticos y cambiar al de “usos y costumbres”.
Ante esta situación es relativamente fácil advertir lo que ha hecho y dejado de hacer el gobierno del Estado en materia de derechos indígenas. Sin embargo, vale la pena preguntarse también por lo realizado en el Congreso del Estado, puesto que a final de cuentas es otra autoridad con gran responsabilidad en la vigencia y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Michoacán.
El balance de su trabajo no dista mucho del que se advierte para el caso del gobierno del Estado. Gran parte del tiempo que tuvieron los diputados en funciones para enmendar los errores de la legislatura que los precedió, lo invirtieron en asumir una actitud soberbia en relación al litigio que finalmente perdieron ante Cherán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014 o en “lavarse las manos” argumentando, falsamente, que no podían legislar a favor de los pueblos indígenas hasta que la Suprema Corte resolviera el litigio. Los pocos avances que se dieron en la Constitución y en el código electoral de Michoacán en relación a los derechos políticos de los pueblos indígenas en el mismo año de 2014 no fueron producto del trabajo de los diputados, sino de la presión que sobre ellos ejerció Cherán y por lo dispuesto por la Suprema Corte en el juicio ya referido. No obstante, esta pasividad e inactividad que caracterizó el trabajo de los diputados en materia de derechos de los pueblos indígenas ha cambiado en el cierre de la actual legislatura.
Como enfermedad contagiosa, la actual legislatura ha contraído la misma “calentura legislativa de último minuto” que también padeció su predecesora. De forma similar a la anterior legislatura que aprobó una reforma constitucional en materia de derechos indígenas de último momento y que posteriormente fue invalidada en la Suprema Corte por violar el derecho a la consulta de Cherán, la actual legislatura está trabajando en sus últimos días en tres leyes que afectan derechos humanos de los pueblos indígenas. Estas iniciativas, que preparan diferentes comisiones, son la ley de derechos lingüísticos de Michoacán, la ley de cultura indígena y la ley de mecanismos de participación ciudadana del Estado de Michoacán.
Es obvio que no hay nada de malo en que aunque sea al final, los diputados cumplan con su obligación y legislen derechos en favor de las comunidades indígenas. Al contrario, como dice la expresión popular “más vale tarde, que nunca.” El problema aparece cuando para aprobar estas leyes se tiene que atropellar, por cuestiones de “tiempo legislativo”, derechos humanos como el de la consulta previa, libre e informada que tienen todas las comunidades indígenas de Michoacán y que particularmente el Congreso del Estado está obligado a respetar por el multireferido juicio que perdió hace apenas un año en la Suprema Corte con Cherán.
Al parecer los diputados no han aprendido del error de la anterior legislatura, no han entendido que no pueden hacer leyes que afecten a los pueblos indígenas sin preguntarles su parecer, no han entendido que consultar a una o varias las comunidades indígenas debe ir mucho más allá de los típicos “foros” oficiales en donde se reúne a expresiones mínimas, y muchas veces poco representativas, de las comunidades indígenas. Tampoco han entendido que el derecho a la consulta no se agota en una reunión, ni que tampoco se pueden imponer fechas o agendas de manera unilateral a las comunidades indígenas para realizarlo. El derecho a la consulta previa, libre e informada debe ser un ejercicio de mutuo acuerdo (de inicio a fin), de buena fe, de acuerdo a los “usos y costumbres” de las comunidades consultadas, debe ser intercultural y por supuesto debe cumplir con los estándares señalados por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en general los estándares internacionales establecidos en esta materia.
Desafortunadamente, el panorama prevaleciente en los últimos días de esta legislatura apunta hacia una nueva confrontación en los tribunales por la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. No sólo por esta “calentura legislativa” en la cual se aprobarían nuevamente sin consultarse leyes que afectan a las comunidades indígenas de Michoacán, sino porque además el Congreso del Estado ha sido omiso en sus demandas más sentidas.
Por ejemplo, el tema de la seguridad comunitaria se encuentra ausente de la discusión general del modelo de seguridad que regula y sigue actualmente el gobierno del Estado. Otra clara omisión del Congreso consiste en no dar respuesta legislativa a la demanda de muchas comunidades indígenas, que tienen calidad de tenencia, para en uso de su derecho a la libre determinación acceder directamente a los recursos federales que siempre son recortados por la intermediación de la cabecera municipal. Una omisión más, quizás la grave en términos jurídicos por la cantidad de mandatos judiciales y constitucionales no atendidos, es en la que está incurriendo el Congreso del Estado desde hace cuatro años, cuando se reconoció el gobierno municipal de Cherán por “usos y costumbres”, al no armonizar las leyes secundarias, especialmente la ley orgánica municipal, para que el municipio de Cherán pueda disfrutar plenamente de su derecho humano de autogobierno.
De esta manera, entre “calenturas” y omisiones legislativas, se llegó a este aniversario del día internacional de los pueblos indígenas. ¿Será mejor el balance para 2016? Se antoja difícil, pero como ha quedado claro en los tiempos oscuros que vivimos en México, un mejor futuro para las comunidades indígenas de Michoacán sólo podrá ser producto de su lucha y de su organización.
