Anayeli García Martínez/@Cimacnoticias
El gobierno mexicano mantiene prácticas contrarias a la labor de las personas defensoras de las garantías humanitarias, así lo documentó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDTT). Entre 2011 y 2013 fueron asesinadas 11 mujeres activistas y se registraron 56 agresiones contra luchadoras sociales.
Al presentar el informe “El derecho a defender los Derechos Humanos (DH) en México”, la coordinadora de la Red, Agnieszka Raczynska, afirmó que en el monitoreo realizado estos tres años encontraron que hay más agresiones contra aquellas personas que defienden los derechos femeninos, a los pueblos indígenas y a la comunidad lésbico-gay.
En conferencia de prensa junto con otros activistas, Raczynska dijo que de enero de 2011 a diciembre de 2013 hubo 104 casos de agresiones, en los que estuvieron involucradas 171 personas (56 mujeres y 115 hombres). Informó que en el mismo periodo hubo 26 asesinatos de defensores, 11 de ellos de mujeres activistas.
Las siete entidades federativas con mayor número de casos son: Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Coahuila y Puebla.
Según la publicación, la violencia contra las y los defensores de DH es ejemplo de que el gobierno mexicano desestima los cuestionamientos que estas personas realizan en temas como la estrategia de seguridad, la regulación de los proyectos de desarrollo de capital nacional y extranjero, y la impunidad en la que caen las exigencias de justicia.
Raczynska aseguró que también se ha registrado una tendencia a criminalizar la protesta social, porque encontraron casos de detenciones arbitrarias en los que las autoridades arrestan a la gente que organizó o participó en acciones de resistencia civil, y la acusan de delitos graves como “terrorismo” o “secuestro equiparado”.
En general, el informe destaca varios tipos de agresiones contra las y los defensores: amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, intimidación, muerte violenta y “violaciones al derecho al respecto a la honra y la reputación”, es decir, calumnias para desprestigiar a activistas.
Según el reporte, de las 24 agresiones al “derecho al respeto a la honra y a la reputación”, 18 fueron contra colectivos, lo que indica que es más frecuente atacar el prestigio y trabajo de un grupo que de una persona.
La coordinadora de la Red TDTT advirtió que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a las personas defensoras, ya que juegan un papel importante en el fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Agnieszka Raczynska criticó que en México no existan políticas adecuadas e integrales para garantizar la protección a quienes defienden los DH, ya que, dijo, si bien en 2012 el Estado creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, éste tiene deficiencias que ya se han denunciado.
Es así que la falta de políticas públicas adecuadas, pertinentes y efectivas para garantizar los DH, así como la impunidad sistemática, son factores que permiten las agresiones, lo que se agrava con la implementación de políticas contrarias a las y los defensores.