En el marco de la reunión de análisis de los resultados de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014 entre personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y diputados federales, el auditor superior, Juan Manuel Portal Martínez, detalló que en cinco años, la deuda pública de nuestro país aumentó 7.5% para alcanzar en 2014, una proporción de 41.8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Además, en el mismo año se acudió principalmente a financiamiento en el mercado interno en 70.8% del total y para complementar, se contrató deuda externa de 29.2%.
Sin embargo, la deuda pública de las entidades federativas y municipios alcanzó –al cierre de 2014- a 509 mil 690.3 millones de pesos; es decir, respecto al año anterior inmediato (2013), esta se incrementó 1.9%.
Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua –curiosamente todos con gobiernos priistas- concentraron el 31.2% de la deuda, con 159 mil 109 millones de pesos del total y mostraron valores superiores a la media nacional.
En tanto, el saldo de la deuda municipal ascendió a 51 mil 314 millones de pesos, lo que representó el 10% de la deuda pública subnacional. En este rubro se detectó un incremento de 6.4% respecto a 2013.
23 municipios -de un total de 2 mil 456- concentraron el 46.3% de la deuda municipal; entre ellos: Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, León, Cancún, Mexicali, Zapopan y Nuevo Laredo, detalló Portal Martínez.
“Con información del INEGI, de 2008 a 2014, en las entidades federativas creció el gasto corriente 4% y el gasto de capital cayó 0.9%. Se observó que el gasto de capital disminuyó en términos reales en las entidades con mayor saldo de la deuda, como Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Morelos, Tamaulipas y Nayarit, razón por la que los recursos provenientes del financiamiento han tenido un destino diferente a la inversión productiva”, argumentó el auditor ante los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
El funcionario público urgió a que se implemente de manera efectiva la Ley de Disciplina Financiera a los estados y municipios, para que haya estabilidad y sostenibilidad en las finanzas públicas y de la deuda subnacional a mediano y largo plazo.
El gasto, penales y otros…
De acuerdo a los datos de la ASF, el neto total ejercido por el sector público presupuestario en 2014, ascendió a 4.56 billones de pesos, lo que implica que hubo un incremento de 4.8% respecto a lo erogado un año antes; sin embargo, se detectó que al menos 78% del total fue ejercido de manera “inercial e incremental” en rubros como: servicios personales, pensiones, jubilaciones, algunos subsidios, gastos de operación y costo financiero de la deuda.
En materia de administración de justicia, la ASF observó que de 2007 a 2014, el número de reclusorios estatales y federales disminuyó 13%, al pasar de 445 a 387; sin embargo, eso generó sobrepoblación en los penales estatales, rebasando su capacidad (de 58 mil 778 internos) en poco más de 34%.
En contra parte, los centros federales aumentaron sus espacios disponibles en 164% -en promedio anual- al pasar de 2 mil 422 a 6 mil 394 en 2014. Estas características fueron suficientes para que la auditoría calificara los avances del Sistema Nacional Penitenciario como “incipientes”.
En su intervención, Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la ASF informó que derivado de la fiscalización a las funciones hacendarias se determinó que aunque en los últimos 15 años hubo un “notable crecimiento en los recursos financieros del Estado” –pues en el ejercicio presupuestal el gobierno dispuso de un presupuesto de 1.3 billones de pesos, para 2014, este fue de 4.6 billones- su capacidad de generar ingresos tributarios; es decir, por el cobro de impuestos, es muy reducida.
“Mientras que en promedio los ingresos tributarios de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, alcanzaron el 34.4% del PIB en 2014, en México estos ingresos apenas significaron el 19.5% del PIB”, dijo Romero y recordó que alrededor de una tercera parte de estos estaban asociados a la venta de petróleo, lo que cambió con la baja de los precios y el número de barriles producidos.
Entre 2007 y 2012, los ingresos públicos también se vieron afectados por la evasión fiscal, que significó “una cuarta parte del potencial total de la recaudación”. Para 2012, esta representó 31.9% del total de la recaudación tributaria.
Ante los legisladores, el funcionario criticó el manejo discrecional de las reasignaciones presupuestarias a través de los llamados “acuerdos de administración”, pues tan solo en 2014, se contabilizaron en 21 mil 289 millones de pesos sin que fueran motivadas o argumentadas conforme a la ley.
En materia de derechos humanos, la ASF señaló que aunque se registraron avances, la Secretaría de Gobernación (Segob), al aplicar el programa presupuestario, no diseñó indicadores y metas para evaluar el efecto de las acciones realizadas en la transversalidad de esta política pública y en el tema vinculado al Programa para la Constitución de la Gendarmería Nacional, constató que hubo un subejercicio de 84% en los recursos autorizados para la creación de plazas.
