César Vázquez / @LetraMia
Morelia, Michoacán.-Michoacán es la prueba eminente de que no se están respetando los derechos primarios y secundarios de las personas, el derecho a la educación, salud, trabajo y paz; sin las garantía mínimas, se tiene un estado de guerra, de pobreza, de asesinatos, de inseguridad y de detrimento social, así lo evaluó Cristina Cortés Carrillo, directora del Colectivo de Organizaciones por los derechos Humanos en Michoacán.
En 1945 fueron reconocidos los Derechos Humanos a nivel internacional, y su único objetivo es que no se vivieran más prácticas de guerra, pero en más de medio siglo las cosas no han cambiado, Michoacán es ejemplo de ello.
La muestra, explico Cristina Cortés, es que en Michoacán se siguen dando las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, sumado a que nadie puede negar la situación de violencia e inseguridad que se vive.
“Es claro que hay una debilidad institucional, la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ya no sirve a la ciudadanía, con el caso de la doctora Graciela Delgado quedó de manifiesto que esa institución es sólo un botín político”, evaluó la activista.
En este tenor, rescató que son las organizaciones sociales las que están luchando para que se hagan valer los derechos, y que lo hacen sin ser institucionales aunque tengan impedimentos financieros.
Pese a ello, es imperante hacer valer los derechos humanos, donde pocos han mostrado que hay voluntad más allá de dar su apoyo desde las redes sociales.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, evaluó que hay una gran deuda con los ciudadanos, porque son estos los que están pugnando porque se hagan valer las garantías individuales.
Los últimos acontecimientos, como el asesinato de Érika Kassandra Bravo Caro y las otras 85 mujeres que han sido bestialmente asesinadas en este año, advierte que los crímenes de estado y las desapariciones forzadas siguen latentes, tan sólo en lo que va de la actual administración federal se tiene una lista de 250 desaparecidos y al menos dos ejecuciones públicas por el Ejército Mexicano en el municipio de Apatzingán.
De acuerdo con Laura María Orozco, integrante del Comité de Familiares de Personas Desaparecida Hasta Encontrarlos.
Refirió que es claro que estado y el país viven un clima de violencia de Estado, donde los órganos represivos son los militares, los policiacos y paramilitares que se han ensañado contra las familias.
“En lugar de avanzar estamos retrocediendo, el estado tiene la obligación de garantizar y prevenir los Derechos Humanos, el Estado se ha dedicado a perseguir, desaparecer y asesinar a aquellos que se atreven a levantar la voz por exigir respeto a sus derechos”, evalúo la integrante del colectivo social.
En esta situación, demostró que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones generales de hacer respetar los derechos, ni ha garantizado que los ciudadanos tengan un efectivo desarrollo humano por estar generando este tipo de violaciones.
El estado Mexicano se está quedando corto para hacer cumplir tratados internacionales en la materia, que además han firmado pero no se compromete. Hay suficientes leyes nacionales e internacionales a los que no les da causes.
Y en concreto, de la Comisión Estatal, Laura María Orozco señaló que la institución siempre se ha manejado del lado del Gobierno, en todos los casos que le llegan, todas las violaciones de estoado y en todos los homicidios.
“Es una Comisión a modo, nunca se ha pronunciado cuando ocurren feminicidios como el de Érika Kassandra Bravo, ni en ningún otro; también se queda callada cuando emite recomendaciones y el Estado no las acata, cuando es su obligación hacerlas cumplir y darlas a conocer”, exigió la joven activista.
Finalmente, consideró que ante los resultados, la CEDH está protegiendo al Gobierno del Estado más que a los ciudadanos, ello lo demuestran los mítines y las protestas de los ciudadanos que están levantando la voz mientras José María Cázares se queda callado.
