Alejandro Baltazar/ @Doncaracol3_0
Morelia, Michoacán.- Alrededor de tres mil millones de pesos fueron recuperados en lo que va de la administración federal, derivados de 18 mil 93 sanciones que la Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó a más de 15 mil servidores públicos.
Estás sanciones son producto de auditorías e inspecciones interpuestas por la SFP, con lo cual se busca que los funcionarios no realicen transgresiones a la Ley.
Cabe señalar, que tanto estudios sobre percepción en la población como de análisis institucional recientes han señalado que uno de los males, de mayor importancia, que aquejan al país es la corrupción de los funcionarios públicos.
Durante la reunión del Grupo de Trabajo de Anticorrupción del grupo del G-20, el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Juan Olivas Ugalde, señaló que este monto se ha recuperado por vía de auditorías, bitácora electrónica, testigos sociales, declaraciones patrimoniales y el sistema Compranet.
La SFP aplicó 18 mil 93 sanciones a 15 mil 323 servidores públicos y recuperó, a través de auditorías e inspecciones, más de tres mil millones de pesos; asimismo dijo que herramientas como Compranet y las declaraciones patrimoniales, son medidas preventivas para evitar la transgresión de las normas legales.
Al respecto indicó que hasta el mes de mayo de este año se han cumplimentado declaraciones patrimoniales en hasta 96.56 por ciento de los servidores públicos federales, con lo cual se han generado estas observaciones.
De la misma forma, señaló que la federación cuenta con mecanismos de transparencia en tanto las compras gubernamentales como Compranet, así como otros instrumentos sobre arrendamientos, contratación de servicios y obras públicas.
Contrario a ello, organizaciones como Fundar, han recalcado en distintas oportunidades que México se ubica en un nivel de opacidad considerable.
Prueba de ello es que el promedio general de las 33 leyes de transparencia en el país, las de los estados y la ley general, se ubicaron con una calificación de 5.6 en base a 10, tras una evaluación realizada por Fundar.
Olivas Ugalde, agregó que la responsabilidad de transparencia no corresponde únicamente a la función pública, sino que debe permear a los órganos privados con la finalidad de transparentar sus flujos de recursos y evitar actos de corrupción.
