La fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo -líder del Cártel de Sinaloa y posicionado, de nueva cuenta, como el delincuente más buscado en el mundo, del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México- llegó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y diputados de los diversos grupos parlamentarios tuvieron la oportunidad de señalar culpables, exigir renuncias e incluso tratar de defender lo indefendible, a través de un “debate pactado”, como lo anunció el presidente en turno de la Mesa Directiva.
Manuel Bartlett Díaz, senador del Partido del Trabajo (PT) criticó que no haya respuestas puntuales de la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre la fuga de Joaquín Guzmán del penal de máxima seguridad y sentenció que la responsabilidad política de la huida recae en Peña Nieto, por no tener capacidades intelectuales, morales y políticas para ejercer su cargo.
“La Comisión Bicameral ya sesionó, la fueron a ver el hoyo, caminaron por ahí, se dieron cuenta de la grandiosidad de la obra de contrainteligencia de El Chapo y van a sesionar permanentemente y citaron a todos estos funcionarios para que comparezcan ¿y ya para qué?”, cuestionó el parlamentario.
Danner González, de Movimiento Ciudadano (MC) señaló que “la República está en llamas, la nación vive desde hace mucho tiempo en un permanente estado de emergencia, la estrategia de seguridad del gobierno federal, es un completo fracaso” y señaló como pendientes en la materia, la recuperación de los territorios ocupados por el crimen, el desmantelamiento de las redes del narcotráfico, la disminución de la violencia e inseguridad, así como la reducción de las adicciones entre la población.
La segunda fuga de El Chapo de un penal de máxima seguridad, dijo el diputado, se constituyó con todo lo que las autoridades dijeron que no pasaría; “el presidente puede ponerle todos los epítetos que quiera, pero la pregunta es: ¿entonces sus funcionarios no lo respetan, no acatan sus instrucciones?”.
Tras afirmar que el Estado de derecho ha sido vulnerable y por ende nuestra nación también se encuentra en esa situación, González agregó que “el asunto de fondo es el tumor canceroso de la corrupción, las complicidades, la impunidad que el día de hoy han colocado a las autoridades gubernamentales en una situación muy precaria y de descrédito” y cuestionó de qué tamaño deben ser las crisis y escándalos, para que los funcionarios renuncien, siquiera, por decencia.
En su intervención, la diputada del PT, Lilia Aguilar sostuvo que la fuga de El Chapo “pudo haberse evitado si el discurso del combate a la corrupción en los sistemas penitenciarios, se hubiese llevado a la realidad, pues ¿es el respeto a la intimidad la causa de la fuga de Joaquín Guzmán?, las causas en realidad, fueron la corrupción y la colusión de funcionarios que ayudaron en la fuga”.
Tras señalar la existencia de funcionarios en la vigilancia del narcotraficante y una evidente debilidad en el sistema de justicia, la legisladora agregó que “hay inclusive, rumores de que algunos legisladores fueron parte de esta red de complicidades y entonces, ¿hasta dónde llega el poder del ícono, El Chapo Guzmán?”.
Aguilar criticó la falta de transparencia en el Congreso y señaló a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), como lo los artífices de un “pacto de impunidad y secrecía, las comparecencias de los personajes que tienen responsabilidad sobre la seguridad nacional”, pues la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional ante la que comparecerán, tiene facultades para mantener bajo reserva, cierto tipo de información.
La senadora del sol azteca, Dolores Padierna, argumentó que el gobierno de Peña “ha ido de crisis en crisis sin atinar a resolver nada, pues el ridículo internacional y las fundadas sospechas sobre el involucramiento de altos mandos, no puede tener como respuesta el despido de tres o cuatro funcionarios de bajo nivel”.
La esposa de René Bejarano, líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN) dijo que si alguna credibilidad le quedaba a la administración federal, se fue por el túnel del Altiplano, “la fuga de Guzmán simboliza el fracaso de un modelo de gestión que abrió el sexenio con la reconcentración del poder para apuntalar la súper Secretaría de Gobernación, que concentra la seguridad pública, el manejo de la política interior, la investigación estratégica, las relaciones con los partidos, etcétera, etcétera…hubo momentos cruciales en que el país entero se preguntaba y dónde está el piloto”.
Javier Lozano, senador del PAN dijo que “somos el hazme reír del mundo porque estas imágenes que están pasando en la televisión, no son muestra de transparencia, sino de la ineptitud que se encierra detrás de las acciones y omisiones que permitieron esta fuga”.
“Cámaras que no ven, alarmas que no suenan, protocolos que no se siguen, alertas tardías, todo eso pasó por funcionarios de nuestro gobierno, corruptos… pedimos que se vuelva a detener a este delincuente, pero también que se le extradite a los Estados Unidos porque ahí no se les va a pelar y para que suelte la sopa, que diga quiénes han sido sus socios, aliados, cómplices, los que le han permitido ese imperio de impunidad”, sostuvo el político poblano.
Lozano señaló al gobierno priista de haber sido el responsable de mover toneladas de tierra para que se pelada El Chapo, pues “no es casualidad que este señor se fugue del penal cuando el gabinete completo, con el señor presidente, se va a Paris. Aprovecharon y planearon cuidadosamente todo”.
Su correligionaria, Rocío Reza Gallegos, recordó que Guzmán Loera es un delincuente que controla una organización criminal que opera en toda Norteamérica con ramificaciones en Europa y Oceanía; de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa anualmente genera entre 19 mil y 39 mil millones de dólares, sólo por la exportación de drogas a la Unión Americana.
En defensa de lo indefendible
Luego de la andanada de críticas que le llovió a Peña y al partido en el gobierno, Ismael Hernández, senador del PRI, alcanzó a decir que “demandamos sanciones ejemplares del daño y de la magnitud causada a la sociedad mexicana, que se transmita un mensaje claro y contundente frente a este lamentable suceso” antes de dedicarse a enumerar a los funcionarios públicos que comparecerán hoy ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
Su compañero de partido, el diputado Abel Salgado Peña, atajó los señalamientos y subrayó que “nosotros no somos Ministerio Público ni jueces, nuestra tarea no es la procuración ni la impartición de justicia; nosotros no podemos atribuir responsabilidad penal alguna de funcionarios ni solicitar temerariamente que sean depuestos ciertos servidores públicos, o exigir la renuncia de otros”.
Y agregó: “por los tiempos que hoy está viviendo el país, no es prudente dar discursos incendiarios con la única finalidad de denostar políticamente a un partido, a un gobierno o a un funcionario en particular…el menos indicado para hablar de gobierno, es justamente el PAN, que carga a cuestas el lastre, no solamente de sus pésimos gobiernos, sino de sus reiterados desaciertos en materia de seguridad pública y políticas para combatir al crimen organizado”.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) calificó como “lamentable” los hechos, en voz del senador Juan Gerardo Flores, tratando de minimizar el tema, al argumentar que de los 120 objetivos prioritarios del gobierno de Peña, 93 han sido detenidos.
“Si, es verdad que hay debilidades, hay ventanas de oportunidad que aprovechan los delincuentes y es importante que las podamos atajar desde el Congreso de la Unión porque, como legisladores, es válido que vengamos a criticar, a señalar omisiones o debilidades en la actuación del Ejecutivo federal, pero también es nuestro deber como legisladores, dotar al Ejecutivo del marco legal necesario, o de las herramientas jurídicas necesarias que le permitan llevar a cabo una vigilancia más eficaz de los presos de alta peligrosidad”, sostuvo el senador.
La diputada María Sanjuana Cerda, de Nueva Alianza (NA), sostuvo que “la situación requiere altura de miras, una visión de Estado que trascienda las escaramuzas de la politiquería de descalificación”, por lo que se manifestó por una “perspectiva menos inquisitiva y más propositiva porque contrario a la ira y a las diversas voces que reclaman renuncias, cabe la prudencia y la serenidad de buscar fortalecer a nuestras instituciones”.
“De nada sirve unirnos a quienes pretenden ver fracasar al gobierno, para ganar simpatías fugaces; nuestra mirada debe ir más allá, ese es nuevo deber y compromiso, guardar y hacer guardar la Constitución”, concluyó Cerda.
