Emma Martínez / Revolución TresPuntoCero
María del Carmen Lindo Ramírez señala al personal de la Secretaría de Marina como los responsables de la ejecución extrajudicial de su hijo, Neiser Cámara Lindo.
El 11 de marzo pasado, aproximadamente a las 7:05 de la noche, a Neiser le llamó su madre para preguntarle en dónde se encontraba, él le respondió que estaba saliendo del fraccionamiento El Campanario y que iba hacia la carretera México ll, agregando que “en un rato más llegaría” a su domicilio, ubicado en reservas territoriales.
María del Carmen sintió angustia por su hijo y decidió llamarle nuevamente, pero ya no le contestó. Horas más tarde se presentó en su domicilio un muchacho para informarle que a Neiser lo había detenido la Marina por el rumbo de la carretera México ll, a la altura de la empresa transportista Express Internacional, “al parecer lo habían herido a balazos”, comenta la madre.
María del Carmen y su nuera, Monserrat Guadalupe Murillo Rodríguez, llegaron a la carretera México ll, en donde había un grupo nutrido de gente y elementos de la Policía Federal y de la Marina; abriéndose paso, logró llegar hasta donde se encontraba el cuerpo de su hijo, quien a simple vista se le apreciaban dos impactos de bala uno en la sien derecha y otra en el costado izquierdo.
Los elementos de la Marina que acordonaban el área, ordenaron a gritos que se retiraran del lugar porque podría suscitarse otra balacera y “nos podía llevar la chingada”, narra María del Carmen, mientras que otro elemento de la Policía Federal, que también se encontraba cerca del cuerpo, les dijo lo mismo añadiendo que ellos no iban a salvaguardar a ninguna de las personas que estuvieran en ese lugar.
María del Carmen declaró que uno de los testigos del hecho le informó que los agentes de la Marina fueron quienes detuvieron a su hijo. Ellos se trasladaban en dos vehículos, una camioneta blanca y otra gris, inicialmente le dispararon, pero después lo internaron en el monte y lo interrogaron, finalmente se escuchó otro disparo, que se presume fue el que recibió en la sien y le causó la muerte.
El joven tenía 25 años de edad y era originario de Santiago Tuxtla, Veracruz. Vivía en unión libre con Monserrat Guadalupe Murillo Rodríguez y tenía una hija de un año de edad, trabajaba como vendedor de leña y ayudante de albañil.
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Durante los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, según un informe de elementos de Ejército y Marina, se han abatido a 780 personas, detenido a 550 y herido a 100.
Aun con esto, se determina dentro del informe que “las fuerzas armadas continuarán realizando tareas de seguridad pública, hasta que las instituciones responsables sean capaces de asumir esa función”.
También se afirma que se mantiene un despliegue de 45 mil efectivos en labores de combate a la delincuencia, una cifra similar a la que empleó solamente Sedena en el sexenio de Felipe Calderón; al día se realizan aproximadamente mil 500 operaciones, estando de manera casi permanente en contacto con los civiles.
Durante este sexenio, las fuerzas armadas han pagado 16 millones de pesos en indemnizaciones por las muertes, lesiones y agravios de sus militares contra civiles. Sedena explica que por cateos ilegales, lesiones, muerte a civiles, detenciones arbitrarias y tortura un total de 46 militares han sido sentenciados, 103 son procesados, 193 se encuentran en calidad de indiciados y 18 están prófugos.
“Mienten las cifras oficiales, 780 personas ejecutadas por las armas del gobierno es una falacia. Nada más falta ver el número de muertos y desaparecidos en este sexenio, que ha rebasado bestialmente al de Calderón, es impensable que la sociedad que ha padecido la muerte de uno o varios familiares y los han calificado como ‘daño colateral’, crea en esa raquítica cantidad”, afirma el especialista en derecho militar, Santiago Fonseca.
Y explica que, “las fuerzas armadas del México se convirtieron en una plaga con alto grado de toxicidad, que ha ido carcomiendo el tejido social y deshumanizándonos, hasta el punto de la barbarie, donde culpamos y levantamos juicios condenatorios contra todo aquel civil que ha sido ejecutado, afirmando ‘era narco’. Durante dos sexenios ambos presidentes han impuesto su derecho de la no protección a la vida. Con todo y su lucha (simulación) contra el narcotráfico, en México se han consolidado cárteles poderosos y violentos que en algunos casos tienen un alcance que va mucho más allá de las fronteras del país, que también se han infiltrado en esferas del gobierno”.
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“Según un informe documentado de la ONU, de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102.696 homicidios intencionales. Si Peña Nieto en dos años lleva más muertos que Calderón, es una desvergüenza hablar de menos de mil personas abatidas por el ejército. Pero como quien informa es juez y parte, todo se cubre. Un ejemplo de esto son los tribunales militares, que para enjuiciar al personal militar acusado de homicidio de civiles en México, suscita profunda preocupación en cuanto al nivel de sobreprotección que se les otorga, desde sus mandos inmediatos, hasta su jefe máximo”, asevera Fonseca.
Agregando que, “más de 5 mil investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por personal militar contra civiles deberían transferirse de la justicia militar a la justicia civil, sin embargo eso no pasará, no durante un gobierno que ordena ejecutar inocentes a fin de mantener un control de masas insurgentes”.
“Peña Nieto y su interminable violencia asesina, mantiene una lucha contra el pueblo. Matemáticamente los números de muertos civiles no son proporcionales a quienes están en la cárcel, tampoco los resultados de la supuesta guerra han sido favorecedores; la violencia está efervescente, nada la detiene, marinos y militares son el cuerpo que siembra el terror y así cosecha muertos. El relator de la ONU no se equivocó, los medios de comunicación internacionales tampoco, estamos dentro de una cúpula de plomo y sangre”, afirma la activista Tatiana Sol.
“La crisis de derechos humanos llegó en 2006 y aunque era inimaginable que se intensificara, Peña Nieto lo logró, esto resultado de enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, en donde paradójicamente quienes mueren son civiles inocentes, sin detenidos. Las fuerzas armadas continúan cometiendo graves abusos durante operativos de seguridad pública y los responsables casi nunca responden ante la justicia por sus actos. Durante este sexenio se dio carta abierta al asesinato extrajudicial, es así como se ataca deliberadamente a la sociedad, de igual forma por grupos delictivos como por miembros de las fuerzas de seguridad”, enfatiza Sol.
“Las iniciativas para implementar una reforma integral del sistema de justicia nunca llegarán, a estas alturas problemas endémicos, como las prácticas de tortura en la policía, aún se discuten a medias y se cree en la palabra del ejecutante. Es así como subsiste un sistema en el cual los abusos son generalizados. En definitiva el sistema de justicia militar no lleva, ni llevará a cabo investigaciones confiables, ya que su poder radica en la falta de transparencia. Sin dejar de mencionar que las mismas reformas de ley, han sido dictadas para permitir abusos graves, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, la misión del gobierno es evitar poner fin a la impunidad del Ejército, Policía Federal y Marina, esbirros de un presidente sin juicio propio y pro yanqui”, puntualiza Fonseca.
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