A través de un voto unánime, el parlamento decidió a favor del proyecto de ley que establece el derecho legal a tener acceso gratuito a tampone y compresas.
Este miércoles Escocia decidió garantizar a las mujeres el acceso gratuito universal a los productos menstruales, sería el primer país del mundo en implementar esta medida.
A través de un voto unánime, el parlamento decidió a favor del proyecto de ley que establece el derecho legal a tener acceso gratuito a tampone y compresas, de acuerdo con la cadena de comunicación DW.
Luego de la aprobación legislativa la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon se congratuló por este suceso.
“Orgullosa de votar por esta ley revolucionaria, que convierte a Escocia en el primer país en el mundo que provee productos menstruales gratuitos a todas aquellas que lo necesitan. Una política importante para mujeres y niñas”, dijo.
A su vez, la diputada laborista y promotora de la iniciativa, Monica Lennon, afirmó que “todos estamos de acuerdo en decir que nadie debería preocuparse por sus próximos tampones o protecciones reutilizables”.
“Escocia no será el último país en relegar (la falta de acceso a productos menstruales) a la historia, pero tenemos la oportunidad de ser el primero. Ha sido un largo camino”.
Para estudiantes de secundaria y universidad en escocia los tampones y compresas serán gratis, pero el proyecto de ley impone ahora a los ministros la obligación de establecer un plan a nivel nacional para garantizar un acceso universal.
Las escuelas, colegios y universidades también deben poner a disposición una gama de productos para la menstruación en sus sanitarios. El gobierno escocés podrá obligar a organismos públicos a proveer gratuitamente estos productos.
“Es una Escocia […] donde nadie tiene que pasar por la indignidad de utilizar materiales inadecuados para ocultar su periodo o estirar aún más el presupuesto familiar para comprar productos a sus hijos […] una Escocia donde nadie tiene que esconder un tampón bajo la manga”, Aileen Campbell, secretaria para las comunidades y el gobierno local.
El coste de la medida está estimado en unos 13 millones de dólares al año.
