“La tortura es generalizada en México”, así lo describe el informe publicado el 9 de marzo por Juan E. Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura. Para esto, la organización InSight Crime, señala que los niveles preocupantes de impunidad en estos casos siguen siendo tarea difícil, dado que aún no existen registros nacionales.
“Las Naciones Unidas presentan varias recomendaciones para combatir dicho problema, la mayoría de las cuales tienen que ver con hacer frente a las continuas y severas fallas en el sistema de justicia (…) En general, hacer un seguimiento de la tortura en México sigue siendo una tarea difícil, dado que aún no existen registros nacionales: cada estado mantiene un registro de denuncias, al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”, menciona InSight Crime, asociación dedicada al estudio principal de seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe
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Explícitamente, el informe menciona la relación entre el uso de la tortura por las fuerzas de seguridad y la lucha del gobierno contra el crimen organizado, ya que las denuncias sobre torturas aumentaron notablemente después de que el gobierno del presidente Felipe Calderón arremetió contra los grupos criminales en 2007; también indica que la mayoría de las víctimas de tortura “son personas detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado”.
Éstas son las recomendaciones que hace la ONU y el análisis que hace InSight Crime:
Abandonar ciertos procedimientos judiciales que deberían ayudar en la lucha del gobierno contra el crimen organizado, pero que en realidad están contribuyendo a la generalización de los abusos.
El más conocido de estos procedimientos es el “arraigo”, una enmienda constitucional realizada en el año 2008, que les permite a los sospechosos de participar en el crimen organizado permanecer detenidos hasta por 80 días sin ser acusados formalmente.
Los detenidos bajo la figura de arraigo son con frecuencia torturados y maltratados con el fin de obtener confesiones. El arraigo buscaba evitar que los sospechosos que se encontraban bajo investigación pudieran escapar, pero también se dispuso que fuera aplicado con moderación, lo cual en la práctica no ocurrió.
Dato: sólo el 3% de los detenidos bajo arraigo desde 2008 ha sido condenados por algún crimen.
Castigar a los jueces y fiscales que no ordenen investigar inmediatamente los casos de tortura reportados, como están obligados a hacerlo según las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de México.
El fallo emitido por la Suprema Corte en el año 2014 busca atacar la impunidad exigiendo que los funcionarios investiguen los presuntos casos de tortura inmediatamente después de recibir cualquier queja. Pero la sentencia servirá de poco si el protocolo no se sigue rigurosamente.
Mejorar la forma de realizar exámenes médicos a las víctimas de tortura.
Según el informe de la ONU, tanto la Procuraduría General como las fiscalías federales carecen de personal suficientemente capacitado para llevar a cabo los exámenes médicos y psicológicos que proporcionan pruebas clave en cualquier investigación sobre tortura. Es más, estas pruebas usualmente se retrasan, quedan incompletas, o son realizadas por personal del mismo cuerpo de seguridad acusado de llevar a cabo las torturas, señala el informe.
Dejar de arrestar personas para investigarlas, y en su lugar comenzar a investigarlas para poder arrestarlas.
Según la ONU, mientras que en México se emitieron en 2013 unas 5.500 órdenes de arresto federales, se llevaron a cabo más de 42.000 detenciones sin órdenes judiciales. En palabras del informe, “tal práctica da lugar a detenciones arbitrarias y aumenta los casos de tortura y malos tratos”.
Y como InSight Crime ha sostenido anteriormente, esta tendencia a arrestar personas para investigarlas pudo haber contribuido a mayores índices de violencia en el país, dado que los cabecillas criminales mexicanos no temen que el hecho de cometer actos inhumanos aumente sus expedientes y dé lugar a una sentencia de prisión más severa en caso de ser detenidos.
Por último y por su parte, InSight Crime agrega que para mejorar su historial de torturas, México necesita enviar un fuerte mensaje a la policía, los militares y otros funcionarios de seguridad, de que dicha práctica no será tolerada y se controlará mediante investigaciones imparciales y rápidas, y, de ser necesario, con castigos.
