Una verdadera transformación frente a la crisis ambiental es la que demandan del gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, de manera que “corte con lo viejo, deje atrás una política que ha sumido al estado en una crisis ambiental sin precedentes y se desprenda de personajes corruptos que solo manchan su gestión”.
En rueda de prensa, activistas, académicos y el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Lima emitiría una declaración pública que denominaron “Verdadera transformación o profundización de las crisis ambiental”.
Ahí manifestaron su rechazo a que Alejandro Méndez López, pueda arribar a la Secretaría del Medio Ambiente, a quien acusan como presunto delincuente ambiental y promotor inmobiliario. Méndez ha sido diputado local, dirigente estatal del Partido Verde, y actualmente es notario.
“La biografía de personas como Méndez, garantiza que al estar al frente de la política ambiental en el estado, se priorizarán los negocios particulares antes que el cuidado del medio ambiente”.
Como ejemplo refieren que Alejandro Méndez “participó en la devastación del cauce federal del río Bello, que es tributario del río Chiquito de Morelia, para la construcción de una vialidad que conecta con un proyecto inmobiliario de su propiedad denominado ‘Campestre Puerta del Bosque’, que se ubica en una zona forestal con estatus de área natural protegida y zona de protección ambiental ‘Pico Azul-La Escalera’.
“El citado notario junto con otros dos socios son dueños de un predio de 17 hectáreas y sin ninguna ética ambiental han obtenido permisos ilegales para la autorización de su fraccionamiento, como son los casos de la evaluación positiva de la manifestación de impacto ambiental por la otrora Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente (periodo Ivo Gutiérrez) y los permisos obtenidos en la anterior gestión municipal de Alfonso Martínez”.
Para los activistas se está a tiempo de comenzar “una verdadera transformación que implique revertir los efectos de la crisis ambiental”, por lo que plantean cuatro puntos a realizar.
De entrada proponen que las partes altas de las cuencas y sus ecosistemas forestales y riparios asociados, se consideren como zonas prioritarias para la seguridad hídrica de los asentamientos humanos, las actividades agropecuarias y pesqueras y otros ecosistemas (ríos, lagos, costas), que se ubican en las partes media y baja. Destacan que éstas deben tener un estatus de protección como zonas de alta importancia ambiental e hídrica y contar con programas de manejo que garanticen su conservación y restauración, así como políticas de compensación ambiental y apoyo a los poseedores y usufructuarios de los bosques.
Una segunda propuesta es para regular las malas prácticas de la agricultura de exportación, prohibiendo el uso de cañones antigranizo y tipificarlo como delito ambiental por afectar las condiciones climáticas locales y en particular a las aguas meteóricas, que son esenciales en el ciclo natural del agua del que dependen los cultivos agrícolas de temporal como el maíz, y la población en general para su abastecimiento.
“Igualmente se debe prohibir la construcción de ollas de agua en cuencas cerradas y zonas forestales, así como el vertido de descargas agrícolas (con alto nivel de agroquímicos) que contaminan las aguas superficiales (ríos y lagos) y subterráneas (acuíferos) y afectan la salud humana y de los ecosistemas”.
El tercer aspecto planteado es fortalecer los sistemas agropecuarios que no generan estrés hídrico, como la milpa, y contribuyan a la producción local y regional de alimentos, así como no incentivar con programas públicos la expansión de cultivos de agroexportación que demanden altos consumos de agua, ya que elevan el estrés hídrico y la conflictividad en las regiones donde se desarrollan.
“Además de que se deben evaluar los altos costos sociales y ambientales que genera el sistema agroexportador y sus efectos en la pérdida de soberanía alimentaria y seguridad hídrica (sobreexplotación de acuíferos y contaminación del agua)”.
Finalmente plantean que el programa hídrico estatal y de medio ambiente fomente las industrias limpias y establecer una mayor vigilancia y monitoreo sobre la contaminación del agua y el deterioro ecológico de ríos, lagos y costas.
Exigen que la minería esté más regulada para evitar que sus residuos peligrosos y tóxicos afecten y contaminen las fuentes de agua superficial y subterránea y los ecosistemas terrestres y costeros.
“La Procuraduría de Protección al Ambiente (PROAM) debe fortalecer sus sistemas de inspección y vigilancia en el marco de sus competencias, también la Secretaría de Salud deben monitorear los impactos de la contaminación del agua en la salud humana y alimentos y diseñar y aplicar una estrategia para manejar casos crónicos en la población”.
