Morelia, Michoacán. En repudio al asesinato el pasado 31 de julio del periodista Luciano Rivera, director de la revista Dictamen de Baja California sur, organizaciones de periodistas y comunicadores de todo el país emitieron este jueves un manifiesto en el que exigen que las investigaciones no descarten su trabajo periodístico como posible móvil.
Cabe apuntar que Luciano Rivera fue ultimado de un balazo en la cabeza en el municipio Playas de Rosarito, y las autoridades estatales de Baja California desde un inicio refirieron que su muerte no se vincula a su labor periodística.
Es así como este jueves once organizaciones de periodistas en el país, junto con las firmas en lo particular de más de 70 comunicadores de diferentes puntos del país, demandaron claridad en las investigaciones por lo ocurrido y que no se descarte en éstas la labor periodística de Rivera.
El documento a la letra señala:
Somos periodistas. Una vez más estamos dolidos, enojados y preocupados. Nuestro colega Luciano Rivera fue asesinado el lunes 31 de julio de 2017 en Playas de Rosarito, Baja California. El crimen aún no ha sido aclarado y, lejos de investigar, pareciera que las instituciones de procuración de justicia buscan cerrar el caso e incluso persiguen a otros colegas quienes develan detalles importantes.
Horas después del homicidio, la subprocuradora de Baja California, Patricia Ortega, dijo que no existían indicios de que el asesinato de Luciano Rivera se vinculara con su actividad periodística. Ella difundió la versión de que habría sido asesinado por defender a una mujer dentro de un bar.
Sin embargo, con el paso de los días ha quedado claro que las personas que dispararon contra Luciano Rivera llegaron hasta allí buscándolo y presuntamente tenían tiempo siguiéndolo. Además, en la revista que él dirigía -Dictamen BC-, los últimos ejemplares fueron dedicados a investigaciones que sin dudas pudieron incomodar a grupos delincuenciales y de poder: la edición de mayo llevó por título “Guerra de narcomenudistas” y la de junio/julio “Desmantelan a la mafia amarilla”, en relación a una mafia de taxis en Tijuana.
Exigimos que el asesinato de Luciano Rivera sea investigado sin descartar a su trabajo periodístico como posible móvil. Que sean identificados y castigados los responsables, así como garantizada la seguridad de sus familiares y compañeros. También responsabilizamos al gobierno de Baja California y a todas las autoridades mexicanas por la integridad de nuestro colega Alberto Elenes, quien con su trabajo demostró que la versión de la PGJ-BC es insostenible y por ello ha sufrido acoso de las autoridades. Elenes investigó más que los órganos de gobierno. Registró testimonios de testigos que refieren a un asesinato premeditado y no fortuito, como aseguraba la PGJ-BC. En la primera audiencia de vinculación a proceso, la justicia confirmó la versión publicada por el reportero. Sin embargo, las autoridades de Baja California lo agreden. El director de Comunicación Social de la PGJBC, Lic. Jose Manuel Yepiz, lo llamó “irresponsable” por cuestionar la primera versión oficial del asesinato y lo acusó de “tratar de desacreditar la versión de la autoridad”, en un acto que inequívocamente resulta intimidatorio.
Exigimos se garantice la integridad física del compañero Alberto Elenes y cese el descrédito a su trabajo. Acompañamos el reclamo de nuestros colegas de Baja California y exigimos seguridad para ellos.
Basta de agredirnos. Basta de asesinarnos. Protegemos a nuestras fuentes para procurarles seguridad. Investigamos para hacer de México un país más democrático y justo.
¡Justicia para Luciano Rivera, seguridad para Alberto Elenes!
El documento es firmado por la Delegación XVII, SNRP, Chilpancingo Guerrero; Derecho a Informar de la Ciudad de México; FotorreporterosMx de la Ciudad de México; el movimiento NiUnoMás, de Michoacán; Ojos de Perro vs la Impunidad, A.C. de la Ciudad de México; la Red de Periodistas de a Pie: la Red de Periodistas del Noreste; la Red de Periodistas Sonora; la Red Libre Periodismo de Chihuahua; la Unión de Periodistas de la Ciudad de México; y Voces Irritas A.C. de Durango, y poco más de 70 periodistas de diferentes puntos del país.
