Organizaciones civiles especializadas en salud emitieron un comunicado contra el proyecto de ley que pretende anular la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en España, y advirtieron que “lucharán” para que “no llegue a ver la luz” tal normativa.
Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP), y la Sociedad Española de Salud Ambiental (SESA) dijeron que la propuesta “implica una merma de la autonomía, los derechos y la salud de las mujeres”.
Además –subrayaron– “vulnera su derecho a decidir” y “es contraria a los compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos”.
Las organizaciones firmantes exigieron al gobierno español retire la iniciativa y garantice a las y los jóvenes el acceso a una educación afectivo-sexual, que les permita tomar decisiones fundamentadas en la materia y que facilite a las mujeres el acceso a métodos anticonceptivos modernos y seguros, incluyendo la anticoncepción de emergencia.
Asimismo, advirtieron que aquellas mujeres con suficientes recursos económicos “evitarán ese calvario” y buscarán la forma de interrumpir su embarazo fuera de España, “mientras que las mujeres sin recursos recurrirán a abortos inseguros o se verán obligadas a hacer frente a embarazos no deseados”.
Por tanto, se mostraron convencidas de que la norma, cuya aprobación se prevé en el Parlamento, será “especialmente dura” para las mujeres en situación de exclusión social, las de ingresos más bajos y las inmigrantes.
“Hay evidencia de que el número de abortos inducidos es menor en los países que tienen una legislación liberal en comparación con los que mantienen una restrictiva. Las leyes restrictivas de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no consiguen reducir el número de abortos”, sostuvieron.
Además, desde su experiencia médico humanitaria, recordaron que los abortos inseguros causan la muerte de casi 50 mil mujeres en el mundo al año, y causan la invalidez temporal o permanente de otros ocho millones.
“Con esta ley, España nadará contracorriente del contexto europeo, en el que todos los países con excepción de Malta, Irlanda y Polonia, cuentan con leyes de plazos o de supuestos”, explicaron, al tiempo que señalaron que las restricciones al aborto “contradicen las recomendaciones de los organismos de Derechos Humanos”.
El 20 de diciembre de 2013, el Consejo de Ministros del gobierno español aprobó la Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, que permite el aborto sólo bajo dos causales: cuando el embarazo representa un grave riesgo para la salud de la mujer o por violación sexual.
Impulsada por el mandatario Mariano Rajoy y el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, la nueva norma echa abajo la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 que permitía la IVE hasta la semana 14 de gestación.
Antes de su entrada en vigor, la nueva ley debe ser ratificada por el Congreso de los Diputados y el Senado, donde el gobernante Partido Popular (PP) es mayoría.
