Los fabricantes de armas demandados por el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidieron “desechar el caso” a la Corte Federal de Massachusetts, donde se presentó la querella en su contra.
Por medio de un memorando dirigido a la Corte, los demandados, Smith and Wesson Brands, Barret, Century International Arms, Colt’s, Glock, Sturm Ruger and Co. e Interstate Arms, presentaron sus argumentos por escrito para eliminar la demanda civil en su contra.
“Los acusados de manera respetuosa piden a la Corte desechar a la demanda bajo los procedimientos de las regulaciones federales para lo civil”, se lee en los documentos entregados este lunes 22 de noviembre, día que vencía el plazo para su respuesta a la demanda de México.
Los 11 fabricantes de armas de Estados Unidos demandados por el gobierno mexicano sostienen en su argumento que, contrario a lo que sostiene la parte acusadora, “no son responsables” del tráfico ilegal de armas a México, ya que cumplen con todas las leyes estatales y federal para fabricar y vender sus productos.
“Los acusados no tienen control sobre la instrumentalidad de la molestia o la negligencia”, en la venta ilegal de armas de Estados Unidos a traficantes de éstas, que posteriormente se las venden a criminales y narcotraficantes, anotan los demandados en el documento.
Otro de los argumentos de los armeros para que la Corte deseche la demanda, es que justamente la Corte federal de Massachusetts no tiene jurisdicción sobre licencias de venta y fabricación de las armas a nivel federal, lo que puede ocurrir en cualquier parte de Estados Unidos.
La querella del gobierno de López Obrador acusa a los 11 fabricantes de responsabilidad en la cadena de venta de armas que termina en el mercado negro donde a través de traficantes venden los arsenales a criminales responsables de asesinatos y masacres en México.
A la Corte Federal los 11 fabricantes de armas le recuerdan que sus productos son vendidos por expendios independientes en cualquier parte de Estados Unidos, los que a su vez venden a terceros los productos quienes se ven involucrados en el mercado ilícito de los armamentos.
“Esta atenuada cadena de eventos fracasa en establecer los lazos necesarios entre -el estado- de Massachusetts y el gobierno de México para fincar responsabilidad a los acusados”, se desprende de los documentos de los fabricantes de armas en su defensa ante la querella.
En otro de los argumentos para defender la solicitud de anular la demanda del gobierno de López Obrador, los fabricantes Ruger y Witmer, por ejemplo, le notifican a la Corte que el gobierno mexicano no presenta ninguna prueba que los evidencia en la venta ilegal de armas en Massachusetts y que termine en tráfico ilícito del armamento.
“El gobierno de México se apoya en una vaga, sin sustento y altamente atenuada cadena de eventos descritos en estos documentos que involucra a múltiples actores sin relación con Ruger (y Witmer) quienes presuntamente han actuado criminalmente para conectar las actividades legales de nosotros en Massachusetts con la violencia criminal en México”, resalta el memorando presentado en la Corte Federal.
La petición de los 11 fabricantes de armas demandados por el gobierno de México deberá ser analizada por el juez federal, Dennis Saylor, a la espera de una respuesta del gobierno de López Obrador para argumentar en contra desechar el caso de la demanda civil en Massachusetts.
El pedido a la Corte Federal de los 11 fabricantes de armas era el esperado por parte de expertos en demandas civiles internacionales, tomando en cuenta que estos no tienen una responsabilidad directa de lo que pueden hacer con sus productos las personas que las adquieren.
Sobre este mismo temor y como lo indican los demandados en sus memorandos, fabrican y venden sus armas a las armerías en cumplimiento con las leyes estales, federales y hasta locales para la venta de armamento y municiones de todo tipo.
Expertos en este tipo de demandas no descartan que la Corte Federal de Massachusetts deseche la querella del gobierno de México y vaticinan que, de ser así, los 11 fabricantes contrademanden por daños y perjuicios -en cientos o miles de millones de dólares- al gobierno mexicano.
