Sarai Díaz/ @Sarai3_0
Morelia, Michoacán.-Errores y debilidades en las estrategias de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, señala un estudio hecho por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, de la organización civil México Evalúa, a través de su informe de “Prevención del delito en México, ¿dónde quedó la evidencia?”.
El estudio señala que la administración de Peña Nieto buscó una solución a la reducción del crimen a través del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), con una marcada diferencia a las estrategias aplicadas en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Y es que, la administración de Calderón contó con una Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia a través de la que siempre optó por la necesidad de combatir frontalmente el fenómeno delictivo a través de la recuperación de territorios.
A diferencia, según señala InSight Crime, la Agencia de Investigación del Crimen Organizado en las Américas, el principal aporte de la administración de Peña Nieto en materia de política de seguridad ha tenido más que ver con cómo cambiar la narrativa que con realmente cambiar las circunstancias de las ciudades plagadas de violencia en México.
Y es que si se pone atención a los detalles, simplemente arrojar dinero a una ciudad como parte de un plan que en general es bien intencionado es poco probable que logre mejoras significativas.
Por ejemplo, el estudio detalla que como parte del programa se seleccionaron 57 poblaciones clasificadas como prioritarias, para la cual se daría una intervención urgente con recursos federales que oscilan los dos mil 500 millones de pesos, además de otras 43 ciudades, que fueron consideradas como menos importantes.
Sin embargo, México Evalúa señala que no se mencionan las razones o los indicadores que llevaron a la determinación de elegir esas ciudades, por ejemplo en Michoacán fueron elegidas Morelia y Uruapan, pero no demarcaciones de la Tierra Caliente, donde se tiene detectada más delincuencia.
Por lo que revela que existe un poco claridad en el programa para combatir la delincuencia, a demás de que los recursos no se distribuyen en función a los objetivos establecidos en el programa, ya que cada población prioritaria recibió los recursos únicamente con base en dos criterios: proporción de la población y homicidios.
En cuanto a eso, el estudio revela que la etapa prematura que tienen los gobiernos federales y locales para el diseño y la implementación de una estrategia de prevención del delito, muestran que sus capacidades institucionales para la formulación de estrategias para la atención de las causas de la violencia se encuentran en una etapa inicial de desarrollo.
Ante los resultados del programa, la organización civil recomendó generar capacidades en los gobiernos estatales, para que logren realizar diagnósticos exactos y una mayor definición del problema que permita realizar acciones contundentes.
Así, concluyó que tras las fallas del programa y de no corregirse los errores, difícilmente se logrará prevenir el delito y con ello disminuir la violencia o tener resultados significativos.
