En las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el presupuesto del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se disparó 400 por ciento.
Pese a que el instituto mide la pobreza en nuestro país, pasó de 116 millones de pesos a casi 497 millones, destacando 2016 y 2017 como los años de mayor derroche pues se asignaron entre 570 y 635 millones de pesos.
Cabe mencionar que desde 2008 Coneval mide la pobreza y pobreza extrema con base a los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares realizada por Inegi, la cual será publicada el siguiente 30 de julio y servirá para la medición de 2019.
“Llevamos 10 años de medir la pobreza de la misma forma, comparable año con año”, sostuvo Gonzalo Hernández Licona, en el cargo desde la creación del organismo en 2005.
Sin embargo, el lunes pasado fue sustituido por el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM: José Nabor Cruz Marcelo, a propuesta de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, y aprobación de Andrés Manuel López Obrador.
El Coneval tiene independencia y capacidad técnica, pero funciona como órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy llamada del Bienestar; y el nombramiento de su titular es facultad presidencial.
Luego de la reforma constitucional en materia política realizada en febrero de 2014 el artículo 26 quedó de la siguiente manera:
“El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley”.
Se dispuso además que el encargo del presidente del Consejo durará cinco años y podrá ser reelecto una vez, sin embargo Hernández Licona ya iba por su año 14 en el puesto.
De acuerdo con información de La Crónica, a pesar de la modificación, el organismo siguió formando parte del Ejecutivo federal, su autonomía se mantuvo acotada y sus atribuciones estáticas, pues la ley secundaria se congeló desde hace cinco años en el ámbito legislativo.
De haber gozado de autonomía plena, habría podido omitir las disposiciones enumeradas por el presidente López Obrador en su memorándum de austeridad como la desocupación de plaza no autorizadas y eliminación de directores generales adjuntos, representantes foráneos y choferes.
En estos últimos años, la plantilla de funcionarios del Coneval ha rebasado los 200 en los últimos años, durante 2018 operó con 206, 144 de los cuales eran eventuales es decir el 69 por ciento del personal.
Por ello ante la desaparición de puestos con carácter eventual, Hernández Licona se expresó inconforme con las autoridades y a través de textos periodísticos
A la par se quejó de la reducción del 20 por ciento de la estructura burocrática y del 50 por ciento del dinero para evaluaciones, pese a que el presupuesto de la dependencia sólo disminuyó el 7 por ciento de 2018 a 2019 al pasar de 478 millones a 443 millones de pesos, según datos de la SHCP.
Con 62 plazas base registradas en la SFP, se habla de una nómina de 2 millones 621 pesos mensuales, sin añadir el suelo a cientos de eventuales. De esos 62 puestos, 51 son de secretarios ejecutivos, contralores, directores, directores adjuntos, subdirectores y jefes de departamento, según datos de la SFP, es decir, más del 82 por ciento. Sólo 11 son funcionarios menores con tareas específicas de operación.
