Al participar en la octava sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), realizado en la sede europea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, el diputado federal Carlos de Jesús Alejandro sostuvo que el actual modelo económico neoliberal es incompatible e incluso antagónico, con los derechos humanos de los pueblos indígenas de nuestro país.
El guerrerense alertó que “las violaciones a los derechos humanos de integrantes de pueblos indígenas, derivadas de la defensa de sus territorios ancestrales en contra de empresas extractivistas de recursos minerales, forestales, hídricos y energéticos están creciendo alarmantemente”.
Detalló que cuando alguna empresa extractivista, de capital nacional o transnacional, tiene algún interés sobre los recursos que se encuentran en territorio indígena, se desencadenan graves violaciones, no sólo en lo que respecta al derecho a la consulta con consentimiento libre, previo e informado, sino a los derechos humanos.
En estos casos, agregó, se llegan a realizar actos en contra de las comunidades y sus líderes, que van desde el despojo, fabricación de delitos, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado de sus habitantes e incluso, ejecuciones extrajudiciales.
De Jesús denunció que el gobierno mexicano, encabezado por Peña Nieto, en lugar de garantizar los derechos mínimos y el bienestar social de la población, se ha preocupado por cubrir a las empresas naciones y extranjeras con un halo de impunidad, además de que les ha facilitado la sobreexplotación de la mano de obra y sobre todo, la depredación de los recursos naturales.
“Como prueba de ello tenemos que los principales capitales de México han sido amasados gracias a las privatizaciones y a las industrias extractivas, siendo los pueblos indígenas los más afectados ya que al ver amenazado nuestro territorio, evidentemente está amenazada nuestra supervivencia como pueblos”, agregó el legislador.
Resistencia para sobrevivir
Ante la oleada de conflictos y agresiones directas en contra de las comunidades indígenas que se ha hecho cada vez es más frecuente en nuestro país, Carlos de Jesús Alejandro argumentó que la organización de los pueblos se ha convertido en un elemento clave para la resistencia.
Ante un auditorio integrado por legisladores de otros países e integrantes de las Naciones Unidas, el legislador indígena mencionó algunos de los conflictos que permanecen latentes en nuestro país: la lucha de los mayas de la península de Yucatán en contra de desarrollos inmobiliarios y en defensa del ecosistema; la batalla que libran los ñahñuhs por la preservación de su bosque que, ilegalmente y por decreto unilateral, se les ha expropiado para construir una autopista.
La férrea defensa que los miembros de la comunidad wirikuta mantiene para proteger su lugar sagrado frente a la voracidad de las mineras canadienses; la lucha de los zapotecas en contra de las empresas eólicas en el Istmo de Tehuantepec; la de los yaquis por el agua en Sonora; la resistencia en contra el fracking encabezada por totonacas, popolucas, entre otros.
No es menor el esfuerzo realizado en contra de megaproyectos como las presas hidroeléctricas en Nayarit y Guerrero; la lucha contra el gasoducto encabezada por las comunidades nahuas de Puebla y además, la lucha de los migrantes indígenas jornaleros contra empresas que practican sistemas de semiesclavitud en Sinaloa, Baja California y particularmente en el Valle de San Quintín.
El legislador narró que a consecuencia de la organización y movilización indígena ante el despojo de empresas con la complicidad de las autoridades, hay líderes comunitarios detenidos injustamente e ilegalmente; otros han sido asesinados y algunos más, han tenido que desplazarse de sus comunidades para prevenir ser blanco de cualquier tipo de agresión.
“La constante ante la resistencia y lucha social ha sido el incremento de presos políticos, en estos años esta práctica ha crecido exponencialmente, tal es el caso de Mario Luna, de Sonora; Nestora Salgado y otros comandantes de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero; del periodista maya Pedro Canché y más recientemente, el caso de Róger Narcía, en el estado de Chiapas”.
Carlos de Jesús Alejandro denunció que el uso de las fuerzas de seguridad y de grupos delictivos al servicio de empresas extractivas se ha convertido en una práctica cada día más recurrente.
“Este tipo de grupos realizan acciones de hostigamiento y persecución en contra de los movimientos sociales organizados y que están luchando por sus derechos; el ejemplo más reciente acaba de suceder apenas este 19 de julio, cuando elementos del Ejército mexicano atacaron a indígenas nahuas en Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, arrojando como saldo fatal la ejecución del niño Edilberto Reyes García y varios heridos, además de la detención arbitraria de Cemeí Verdía, integrante de la Policía Comunitaria que brinda seguridad e imparten justicia con base a los usos normativos que son anteriores al Estado mexicano y al derecho positivo”, explicó el legislador.
Fortalecimiento de las vías internacionales
Ante el escenario de crecientes violaciones a los derechos humanos de la población mexicana, el diputado federal hizo un llamado a fortalecer espacios como el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras instancias de Naciones Unidas y señaló que “el acceso a la justicia en nuestros países es casi imposible; por ello, tenemos que salir a difundir lo que está pasando y exigir justicia en instancias internacionales, en las cuales ha habido avances en el reconocimiento de nuestros derechos”.
Carlos de Jesús reconoció los esfuerzos internacionales por investigar, documentar y tratar de disminuir el oprobio que las transnacionales imponen a los pueblos indígenas; sin embargo “esto está muy lejos de revertir la vulnerabilidad a la que están expuestos los indígenas, principalmente, frente a los grandes capitales”, sentenció.
